Flor Gómez, delegada de la PDH de Guatemala, dijo que durante la inspección que realizaron en la casa hogar de Quetzaltenango, donde fueron remitidas las adolescentes, que se ubica sobre la 4 avenida de la zona 1, pudieron determinar que nueve adolescentes, comprendidos entre las edades de 14 a 17 años, ingresaron la noche del miércoles.
"Hemos detectado que cuatro están en estado de gestación de 3, 4 y 6 meses; sin embargo, consideramos que puedan haber otros casos. Hacemos las verificaciones sin generarles un impacto” explicó Gómez.
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Gómez, dijo que las adolescentes fueron recibidas y atendidas psicológicamente y otras fueron llevadas al Hospital Regional de Occidente para atención médica.
La delegada explicó que las instalaciones tienen capacidad para 120 adolescentes y que en en estos momentos hay 89 incluidas las nueve; sin embargo, hizo un llamado a evitar el hacinamiento.
Tragedia apunta a responsabilidad estatal
El incendio en un abarrotado albergue estatal en el que murieron 36 menores obligó al presidente de Guatemala a reclamar una reforma en el sistema de hogares juveniles, mientras las familias de las víctimas empezaban a recibir los cuerpos de las jóvenes.
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El albergue, ubicado a las afueras de Ciudad de Guatemala, alojaba a unos 800 menores y mezclaba a niños y jóvenes en conflicto con la ley con víctimas de abusos.
Parientes y funcionarios dijeron que el incendio comenzó cuando algunas jóvenes prendieron fuego los colchones para protestar por los abusos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Las llamas se extendieron por la división femenina del centro, donde algunas chicas estaban encerradas bajo llave en un dormitorio tras un intento de fuga.
"Este es un sistema rígido que se vuelve insensible", dijo el presidente Jimmy Morales el jueves por la noche y añadió que hay 1.500 niños en centros públicos en el país, de los cuales la inmensa mayoría tiene familia.
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La Procuraduría de Derechos Humanos dijo que según investigaciones propias en el lugar se cometían abusos por parte de empleados que a pesar de haber sido denunciados desde 2015 "no se había hecho nada".
Pese a la promesa de Morales de reformar el sistema cientos de personas se manifestaron ante la sede de gobierno para pedir justicia para las niñas fallecidas y la renuncia del mandatario.
Por la noche, en el barrio humilde de 4 de febrero en la capital, parientes y amigos se reunieron para el velorio de Madelyn Patricia Hernández Hernández, de 14 años.
En la modesta casa de la familia se veía un ataúd de madera forrado en seda blanca flanqueado de cirios. Había una fotografía de Madelyn colocada entre flores moradas.
Madelyn era huérfana desde los tres años cuando pandilleros mataron a su madre por no pagar una extorsión, explicó la abuela de la niña, María Antonia García. El padre de la joven no estaba presente en su vida.
La joven se había portado mal, dijo García, pero se esperaba que saliera del albergue el 30 de marzo tras varios meses en el centro. Sin embargo, un juez no quería devolver la niña a la custodia de su abuela de 73 años debido a su edad.
García dijo que Madelyn se había quejado de que ellas y otras niñas sufrían golpizas.
"Nunca me dijo quién les pegaba", dijo la abuela. "Si ahora no se hace justicia van a seguir haciendo lo mismo.
Diecinueve niñas murieron en el lugar del incendio el miércoles y otras 17 fallecieron por sus heridas en hospitales de la zona.
Geovany Castillo relató a The Associated Press que su hija de 15 años, que sufrió quemaduras en la cara, brazos y manos, le contó que "el lugar estaba cerrado con llave, que entre varias niñas derribaron la puerta... Que se salvó porque puso una sábana mojada sobre ella".
El agricultor de 33 años agregó que "me dijo que sus compañeras le contaron que ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta, para llamar la atención, les prendieron fuego a las colchonetas".
(Con información de Prensa Libre y AP)