Douglas Chin, fiscal general de Hawaii, anunció que este estado interpuso una demanda contra la nueva orden ejecutiva migratoria que firmó el presidente Donald Trump y que impediría la entrada al país de ciudadanos de seis países de Medio Oriente.
Este decreto contiene modificaciones para evitar que sea declarado ilegal, como ocurrió con la primera medida firmada a solo una semana de haber tomado posesión el presidente.
A pesar de los cambios, Chin considera que la “nueva orden ejecutiva no es más que el veto a musulmanes 2.0. Bajo la excusa de la seguridad nacional, apunta a los inmigrantes y los refugiados. Esto deja la puerta abierta para todavía más restricciones".
Conozca los seis cambios que Trump hizo al decreto migratorio
El decreto excluye a los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Yemen, Siria e Irán de ingresar al país. En el primer decreto se incluyó a Irak, el cual salió de la lista en la última versión.
Asimismo, los portadores de visas válidas (emitidas antes del 27 de enero) o residentes temporales podrán ingresar al país. Con la primera orden, residentes fueron detenidos, lo cual generó una ola de demandas.
La demanda de Hawaii busca detener el decreto que entra en vigencia el 16 de marzo, por lo cual busca que se realice la primera audiencia el 15 de marzo y abrir la posibilidad a que un juez ponga en pausa la orden ejecutiva mediante una medida cautelar.
Conflictos con los jueces
El juez federal de Seattle James Robart suspendió los efectos de la primera medida ante una demanda de la Unión Americana Para las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
Ante esto, Trump en su cuenta de Twitter calificó a Robart de ser un “mal llamado juez” (so-called judge) y dijo que pelearía por revertir la orden.
Esto le trajo críticas en un país acostumbrado a respetar la jurisprudencia y la independencia del órgano judicial.