SANTO DOMINGO. Un juez de República Dominicana declaró inadmisible el acuerdo entre su país y la constructura brasileña Odebrecht que establecía una multa de $184 millones por sobornos a cambio de beneficios en la obtención de contratos de obras públicas.
Este acuerdo fue suscrito por el procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, y ejecutivos de Odebrecht cuando la empresa se vio obligada a reconocer ante autoridades suizas, brasileñas y estadounidenses que había incurrido en sobornos en diferentes países, incluyendo el pago de $92 millones en República Dominicana.
Con el pago de esa multa, la justicia dominicana desistía de procesar judicialmente a los empleados de Odebrecht que resultaran involucrados en los pagos irregulares a funcionarios.
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Sin embargo, se mantenía el alcance de la acción penal contra los funcionarios y agentes comerciales locales.
Según José Alejandro Vargas, juez asignado al caso, el acuerdo con la empresa “ignora que tal y como han reconocido ambas partes, se trata de hecho graves” los cuales requieren sanciones más rigurosas.
Con ese razonamiento, anuló ayer este acuerdo, aunque representantes legales de la constructora brasileña afirmaron que apelarán la sentencia judicial. Por su parte, la Procuraduría no ha sentado postura sobre este fallo.
Curiosamente, esta decisión del juez llega solo dos días después de que en su informe ante el Congreso, el presidente dominicano Danilo Medina defendiera este acuerdo, afirmando que en ningún momento obstaculiza el acceso a la justicia de los involucrados y señalando que en su país no habrá impunidad en el caso Odebrecht.
“Ese acuerdo no detiene en absoluto el proceso de investigación ni la acción de la justicia”, dijo Medina ante los congresistas de su país.
Sin embargo, tanto ese discurso como el acuerdo suscrito han sido ampliamente criticados por sectores de oposición y sociedad civil.
Por una parte, consideran que su alocución ante el Congreso no fue contundente contra los salpicados en la trama de corrupción. Asimismo, señalan que el acuerdo favorece la impunidad, por lo que han validado el fallo del juez.
Este último “ha demostrado que nuestra lucha tiene sentido”, destacó Manuel Jiménez, uno de los principales activistas en contra del acuerdo por el cual Odebrecht pagaría el doble de lo que se le acusa de haber pagado en sobornos.
Por otra parte, en Chile la sede de Odebrecht fue allanada por la Policía de Investigaciones y se incautaron documentos que podrían revelar pagos ilegales a la campaña de la presidente actual, Michelle Bachelet.