GUATEMALA. La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala pidió ayer al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para proteger “la vida de las personas”, después de que el “Barco abortista” de la ONG holandesa Women On Waves atracara en el país la noche del miércoles.
La secretaria general adjunta de la Corte, Ana Margarita Monzón de Vásquez, explicó que esta decisión, adoptada en el pleno por unanimidad, responde a un amparo provisional otorgado a favor del abogado Edgar Stuardo Ralón Orellana, que denunció la inacción de las autoridades para hacer cumplir la ley, pues el aborto es ilegal en el país. A menos de que la vida de la madre esté en riesgo, el aborto está prohibido por ley en Guatemala.
Según indicó Monzón, la acción constitucional presentada por el letrado iba en contra del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y los Ministerios de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, además de la Dirección de la Policía Nacional Civil.
La concesión del amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad, el mayor órgano jurisdiccional del país, implica que las autoridades denunciadas “deben dictar todas las medidas necesarias para resguardar y proteger la vida de las personas”, explicó la funcionaria.
La organización proporciona a las mujeres con hasta 10 semanas de embarazo abortos médicos legales gratuitos en aguas internacionales. La nave en la que se trasladan sus miembros seríaexpulsada ayer.
La Dirección General de Migración de Guatemala notificó a los tripulantes del “Barco abortista” de la ONG holandesa Women On Waves que deben abandonar el país, pero estos han presentado un recurso y se niegan a ser expulsados.
El portavoz de la entidad migratoria, Ardani Sical, confirmó que las autoridades informaron a los activistas de su expulsión, debido a que “mintieron en su declaración” al ingresar al país como turistas, cuando sus fines eran otros.
El Ejército de Guatemala ya había indicado el jueves que “no permitirá que esta ONG efectúe estas actividades”.
Desde la llegada del barco, la controversia y la polémica estuvo servida: el Ejército anunció que impediría la misión y se recibieron al menos cuatro denuncias.
Unas seis personas -entre ellos dos hombres- permanecen dentro del yate, anclado en el muelle del Puerto San José, con la prohibición de salir de la embarcación, pues ante Migración se declararon como turistas y no como “una organización de la salud”, explicó un coronel del Ejército.
Una lancha de la Base Naval del Puerto de San José vigila la embarcación para que nadie suba abordo, mientras la organización asegura que todo es legal, que por ahora solo se ha brindado información y que en caso de que una mujer desee abortar se haría con un método “legal y seguro”, en aguas internacionales, a 12 millas de la costa.
El equipo médico del navío, que llegó de México, y los guatemaltecos que colaboran a título individual, informan a la mujer y proporcionan, en el caso de quererlo, una píldora para el aborto, y en unas cuatro horas la nave está de regreso en tierra. -AGENCIAS