La incertidumbre aumenta y las organizaciones pro inmigrantes tratan de ponerse en primera fila para orientar ente el temor que se ha regado como fuego en pasto seco.
Las disposiciones giradas por la Casa Blanca para que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y su brazo operativo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, amplifiquen su capacidad para detener y deportar indocumentados mantiene en vilo a la pujante comunidad salvadoreña residente en el Área Metropolitana de Washington.
La orden girada este martes por Donald Trump, en la que autoriza ampliar las fuerzas policiales hasta 15 mil nuevos oficiales para que ICE cumpla su trabajo de remoción expresa de inmigrantes con menos de tres años de estar de forma indocumentada en Estados Unidos no es motivo de bromas para el salvadoreño José Luis C, quien llegó hace poco más de un año a Estados Unidos.
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En lo que va de este 2017, este inmigrante originario de Usulután, ha notado una baja en el trabajo de la construcción, por lo que en los abundantes días libres que le quedan como empleado temporal de un pequeño contratista de Falls Church, Virginia, aprovecha completar los ingresos estacionándose junto otros trabajadores en similares circunstancias en las afueras de una tienda de Home Depot, en esa zona.
“Por lo que dicen es que va estar bien peligroso, porque ya ni esto (esperar una jornada) se va poder hacer para trabajar, así que a saber cómo nos va”, comenta con resignación, y pide que por favor no se les tome fotos por miedo a ser identificados.
Donald #Trump y John Kelly difieren por uso de Ejército para deportar inmigrantes. Conoce los motivos: https://t.co/tSMcDZblCr pic.twitter.com/lWPY7X76DN
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) February 24, 2017
En la línea de defensa de los inmigrantes en este nuevo contexto se ubica el también salvadoreño Jorge Méndez, quien labora como organizador en Casa de Maryland en la oficina de Woodbrige, en Virginia; esta organización ha visto multiplicarse su trabajo desde enero por las eventuales disposiciones del gobierno que ahora ven con espanto como parte de la realidad.
“Contrario a lo que se podría pensar que se nos cierran espacios para la defensa de nuestra comunidad inmigrante con estas medidas tomadas por el gobierno, hoy es cuando más importante se vuelve nuestro trabajo de educar a nuestra comunidad para que conozca sus derechos y hacer que se respeten y que se organicen para protegerse”, explica Méndez, comunicador de profesión en El Salvador y sumado a la fuerza laboral salvadoreña en la zona de Washington.
“Se ha hablado mucho (de un eventual plan de deportaciones masivas) pero si vemos el flujo de deportaciones sigue en promedio igual que los años anteriores, y no hay nada que me indique que en el corto plazo ese promedio se vaya a modificar”, explicó el titular de exteriores a este periódico.
Matizó que –durante esa visita- en las reuniones de trabajo con emisarios de la nueva administración estadounidense encontraron puntos de coincidencia como el de reducir las migraciones irregulares desde Centroamérica hacia la potencia del norte, y que los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) han acordado acelerar sus compromisos con el Alianza para la Prosperidad, que les heredó la administración del expresidente Barack Obama, con una bolsa de $750 millones de dólares para los tres países.
“Estados Unidos no quiere que haya migración irregular y alrededor de esa coincidencia vamos a seguir trabajando, por ejemplo lo que hemos quedado con varios funcionarios es acelerar la implementación del plan de la Alianza para la Prosperidad para tener resultados concretos en los flujos migratorios y esa será la mejor carta de presentación”, dijo el ministro Martínez en esa oportunidad.
Las nuevas directrices hechas públicas en los memorandos de DHS el día martes, luego del lunes feriado por el día de los presidentes, bajo el título: “Seguridad fronteriza y mejoras en la aplicación de la inmigración", ha sido un trago amargo también para legisladores de la Cámara Alta como el Senador, Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey.
El legislador de origen cubano expuso que la implementación de esa orden ejecutiva está fuera de la realidad desde la perspectiva fiscal y humanitaria, pero que además hace un gran daño al país y a su propio sistema al figurar DSH y su brazo operativo ICE, como ejecutores de una disposición que terminaría actuando bajo el perfil racial y que se corre el riesgo de que se llegue a cometer detenciones ilegales de residentes permanentes e incluso de ciudadanos.