Los fiscales generales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela, convocados por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, anunciaron que formarán equipos de investigación para profundizar sobre la trama internacional de sobornos pagados por la constructora Odebrecht.
La magnitud del escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña en compra de voluntades o donaciones irregulares a campañas políticas llevó a la Fiscalía brasileña a solicitar el encuentro en el cual se planteó la necesidad de trabajar en conjunto para llegar al fondo de este caso con ramificaciones internacionales.
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Según datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solo en 10 países latinoamericanos Odebrecht habría pagado $735 millones en sobornos para obtener beneficios en la concesión de contratos de infraestructura o información privilegiada sobre bases de contratación.
Si bien los fiscales no han dado mayores detalles de estos equipos, afirmaron que se conformarán para lograr una amplia cooperación entre sus instituciones para esclarecer el alcance del caso Odebrecht.
En un comunicado emitido por los participantes de esta cumbre al cierre de esta, que se celebró en Brasilia, se afirma que el objetivo de trabajar juntos es “brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato”.
Por ello, agregan, constituirán “equipos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht y el caso Lava Jato”.
Este punto se ampara, según el documento, en el artículo 49 de la Convención de Mérida, suscrita en 2003 y la cual configura el combate a la corrupción de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En este artículo se expresa que “los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos (...) en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados” y añade que “A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso”, como es el caso de la investigación sobre Odebrecht.
Sobre estos equipos, la declaración afirma que “actuarán en plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional, como principio rector de los Ministerios Públicos y Fiscales”.
Para favorecer la cooperación entre los equipos de trabajo, los fiscales se comprometen a “reforzar la importancia de utilizar otros mecanismos de cooperación jurídica internacional vigentes, especialmente la realización de comunicaciones e informaciones espontáneas”.
Estos mecanismos, sin embargo, aún no han sido especificados.
Los fiscales reunidos en Brasilia también hicieron un llamado a los ciudadanos para sumarse y apoyar a las instituciones encargadas de la persecución penal en los países signatarios, para poder combatir estos casos de corrupción.
Colaboración a cambio de beneficios
Otro punto importante en la declaración de los fiscales reunidos en Brasilia es la posibilidad de firmar “acuerdos de lenidad” con Odebrecht.
Estos acuerdos buscan ofrecer beneficios legales o jurídicos a cambio de información proveniente de la empresa que pueda ayudar a deducir responsabilidades sobre la trama de sobornos.
Sin embargo, los fiscales anunciaron que estos beneficios estarán sujetos a confidencialidad y que permanecerán activos hasta junio del presente año.
Esa disposición también se ampara en la Convención de Mérida, que en su artículo 37 inciso 2 determina que “cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.
En otro inciso, este artículo contempla la posibilidad de que un acusado pueda ampararse a este tipo de acuerdos de cooperación con las autoridades de un Estado que no es el propio, pero que también sea parte de las investigaciones de un caso en particular.
Otro de los puntos fundamentales de la declaración de Brasilia es el compromiso con recuperar “activos y la reparación integral de daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas”.
Los 11 fiscales reunidos reiteraron su compromiso con respetar la legalidad y el debido proceso en estos casos.