La oportunidad de caerle encima a vehículos acusando a sus dueños de actividades ilegales (un caso más de hacer la regla para aplicarla a su favor, cargar los dados en contra de otros) pretende Transporte, siempre bajo las ocurrencias y arbitrariedades que causaron la gran cárcava del Tutunichapa.
El que autorizó a dedo el negocito del Sitramss no se ocupa de decomisar taxis piratas por tratarse de vehículos viejos y deteriorados, ni le importa que los usuarios dispongan de una opción que funciona bien en muchísimos países, sino que sigue con la prepotencia de “si yo lo digo, eso es ley”.
Hay taxis de taxis y muchos conductores tienen sus puntos, contestan llamadas, son confiables pues el grupo responde por cada miembro. Los hoteles tienen sus flotillas, como muchos restaurantes y comercios saben en quiénes confiar.
Pero ese no es el caso del común de la gente, que busca alternativas que puedan identificarse y que dejan rastro de la hora de partida, cuánto cobraron, registran su fotografía y su teléfono, la dirección de su domicilio y dónde trabajan adicionalmente si ese es el caso.
Cada viaje de Uber se sigue desde satélites, que registran las incidencias, vueltas, atascos… y todo queda en computadoras que se pueden luego revisar. No puede llamarse a un conductor de Uber corriendo peligro de que otro conductor intercepte esa comunicación y usurpe el trato.
La amenaza de decomisar los vehículos es similar a que decomisen las herramientas de un mecánico por hacer un trabajo privado.
El problema en esto y lo que por su lado causó todo el desmadre del Sitramss y el desorden espantoso del tráfico en el Gran San Salvador, es que estos funcionarios no saben lo que es cortesía, se niegan a oír a las partes afectadas, a revisar políticas, medir perjuicios contra beneficios, anticipar las consecuencias de sus actos.
Aquí es el “pueblo” el que marcha, allá son “lacayos del imperialismo”
Son innumerables los casos en que vecinos de colonias protestan haciendo ver que sus calles no están preparadas para recibir tráfico pesado, pero eso no hace que el viceministro cambie o siquiera estudie el asunto, sino que deja ir sin más el garrotazo, destrozando pavimentos y todo lo que está bajo ellos, como tuberías de agua potable y drenajes de aguas servidas. Muchos se preguntan de dónde salió este personaje de finura a lo Maduro, el dictador venezolano.
Y es que el ramillete de funcionarios actuales parecen en gran parte cortados con la misma tijera: sin capacidades, sin medir los efectos de lo que dicen y hacen, actuando con frecuencia con prepotencia.
En una entrevista televisada del fin de semana, una diputada oficialista, al referirse a las turbas violentas que el jueves bloquearon el paso de vehículos en el carril liberado de la Juan Pablo (el que le entregaron arbitrariamente al negocito privado) dijo que “el pueblo” tiene derecho a protestar en las calles, derecho que por cierto no le reconocen a los manifestantes venezolanos.
El negocito del Sitramss deja una espantosa secuela de calles destruidas, potenciales cárcavas, tuberías arruinadas y pérdidas enormes a automovilistas, negocios, peatones y vehículos.