Desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe, la sombra del esquema de sobornos de Odebrecht ha dejado huella. Desde que se destapó esa estructura en 2015, en Brasil, que pagó millonarios sobornos para obtener contratos, los tentáculos han tocado incluso a presidentes de varios países.
En El Salvador, Mauricio Funes ha sido señalado por la misma empresa Odebrecht de haberle destinado $1.8 millones a la campaña en 2008.
Según una publicación del periódico brasileño Fohla de Sao Paulo y con base en informes de la Fiscalía brasileña, fue la exprimera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, quien intermedió con el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, para obtener ese dinero.
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Un documento de la Fiscalía brasileña, al que El Diario de Hoy tuvo acceso, confirma que la constructora Odebrecht entregó esa cantidad a la campaña de Funes en 2008 por medio de su asesor político Joao Santana.
Odebrecht fue precalificada para continuar con la construcción de la presa El Chaparral en el gobierno de Funes.
Funes, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y por otros cuatro delitos, se encuentra asilado en Nicaragua, y desde allá negó que hubiere recibido dinero de la constructora. Pignato, también procesada por presunto enriquecimiento ilícito, dijo que ella no se involucró en gestionar dinero para la campaña de su exmarido.
Pero otros presidentes y expresidentes latinoamericanos también han salido salpicados. Alejandro Toledo, quien gobernara Perú entre 2001 a 2006, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, son los dos casos más recientes de altos funcionarios señalados de haber recibido dinero de Odebrecht de manera ilícita.
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“Los secretos que podía guardar el por entonces presidente- de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y con ramificaciones en 28 países, entre otros, en Venezuela, Colombia, Perú o EE. UU., eran de tal calibre y de tal potencia que podían, por sí solos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en toda la región”, resumió el diario español El País sobre el caso de Marcelo Odebrecht, preso en Brasil y pieza clave en el destape del escándalo de millonarios sobornos en la estatal Petrobras para obtener contratos.
En ese caso se involucra al hasta hace unos meses gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.
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Aunque en un inicio se negó a confesar detalles de cómo operaba la estructura de sobornos, al ver caer su empresa porque pesaba sobre ella la prohibición de participar en concursos públicos lo obligó a delatar a cambio de rebajar diez años la condena (de 19 años). “Con él, otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años de libertad”, analiza El País.
Según documentos revelados por el Departamento de Justicia de EE. UU. el pasado 21 de diciembre, Odebrecht pagó cerca de $788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
(Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora brasileña Odebrecht, está preso por el escándalo de corrupción de Petrobras).
De acuerdo con esos documentos, los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”.
El caso de Santos se conoció esta semana, cuando la Fiscalía colombiana informó de la investigación para determinar si el mandatario recibió $1 millón para su campaña electoral, luego de que el excongresista Otto Bula, señalado de favorecer a Odebrecht con un contrato público, afirmara que en 2014 tramitó dos giros hacia Colombia que sumaban $1 millón, “cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente-2014”.
Pero desde la presidencia colombiana se desmarcan. “La Presidencia solicita a las autoridades competentes que adelanten todas las investigaciones necesarias para establecer la verdad sobre esta nueva acusación temeraria”, dijo el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, en una declaración en la Casa de Nariño.
Además detalló que “los recursos de la campaña, como lo demuestran claramente las cuentas presentadas al CNE, provienen exclusivamente y en su totalidad de los dineros de la reposición de votos prevista en la ley colombiana”.
¿Toledo y otros más?
Ayer, un juez decretó prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, a quien se le acusa de haber recibido de Odebrecht $20 millones a cambio de contratos.
El estallido del caso Odebrecht en Perú, con las primeras revelaciones que acusan directamente de recibir sobornos a las más altas instancias políticas del país, amenaza seriamente con dejar en prisión a todos los presidentes peruanos desde 1980.
Tan solo Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, ambos fallecidos, quedarían al margen de la larga sombra de sospecha que se cierne sobre las personas que ostentaron la más alta magistratura de la República de Perú, una situación que varios analistas y periodistas del país califican de “traumática”, “confusa” y “vergonzosa”.
Todos los demás, Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, o ya está en la cárcel o afrontan investigaciones serias por corrupción o tienen a varios de sus colaboradores más cercanos encarcelados y negociando su cooperación con la fiscalía para tirar de la manta.
De todos estos, Fujimori es el que menos implicado aparece de momento en el caso Odebrecht, cuyas coimas millonarias comenzaron a darse después de su Gobierno.
Panamá, Dominicana...
En Panamá, el gobierno de Juan Carlos Varela está siendo afectado por este escándalo. En investigaciones de sobornos a Latinoamérica se señala al bufete de abogados panameño Mossack-Fonseca por crear algunas de las sociedades anónimas o cuentas en ultramar (offshore) para la constructora brasileña a través las cuales habría canalizado dinero dudoso, según autoridades.
Ramón Fonseca Mora, uno de los socios de esa firma jurídica y exministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela, acudió a la sede de una fiscalía a cargo del caso para una indagatoria. Antes de ingresar, señaló que lo tratan de utilizar como “chivo expiatorio” para distraer la atención y no investigar a fondo los sobornos de Odebrecht.
Mientras el partido opositor Cambio Democrático (CD), del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), pidió la renuncia de Varela, después que éste fuera acusado de haber recibido “donaciones” de la constructora brasileña.
Sin embargo, según el Departamento de Justicia estadounidense, $59 millones fueron pagados en sobornos en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli.
Esos mismos documentos dan cuenta de que en la vecina Guatemala, en el gobierno de Otto Pérez Molina la firma brasileña pagó $18 millones. En México, en gobiernos de Felipe Calderón y el actual de Enrique Peña Nieto, también se pagaron $10.5 millones.
En tanto, documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York señalan que la compañía brasileña pagó unos $98 millones en Venezuela entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”.
En Dominicana, el gobierno ya logró un acuerdo con Odebrecht para que recuperar 92 millones. -AGENCIAS.