Dentro del comercio ilícito, el contrabando y falsificación de productos de consumo masivo es una práctica en extremo nociva para la salud de las poblaciones y para la economía de los países. Además de requerir de todo un andamiaje clandestino de personas, redes y sistemas que abarca la cadena de producción en su totalidad, así como rutas de transporte y distribución, esta modalidad de comercialización hace llegar ilegalmente millones de productos sin garantías de calidad a los consumidores.
Se calcula que el impacto del mercado ilícito en la economía mundial es de $625 mil millones por año. De acuerdo con la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, conocida como “La Red”, la defraudación aduanera y el contrabando en Centroamérica generan un costo representativo del 4.5% del PIB.
Siguiendo el mismo patrón, El Salvador, con un PIB estimado en $25,200 millones, anualmente pierde cerca de $1,000 millones a causa del comercio ilícito. En El Salvador la cantidad de productos comercializados ilegalmente es tan elevada que resulta imposible cuantificarla y, aunque aseverarlo pareciera descabellado, podría afirmarse que el comercio ilegal tiene gran aceptación en nuestro país.
El comercio ilegal pone en peligro a consumidores, perjudica la equidad de las marcas y pone en serias dificultades a empresas e industrias legalmente establecidas que, ante el incremento desmedido de fabricantes de imitaciones y productos falsos que suplen buena parte del mercado, se ven obligadas a cerrar o a reducir puestos de trabajo. A eso debemos sumar que fomenta las actividades delictivas, el crimen organizado, el lavado de dinero y hace que los mismos ciudadanos financien estas actividades clandestinas en la medida en que compran sus productos.
La Asociación de Distribuidores de El Salvador ADES, colabora en una iniciativa público-privada desarrollada con la Fiscalía General de la República y con la Policía Nacional Civil con el propósito de contribuir, con la participación de la ciudadanía, al combate de este delito que tanto daño está causando a la población y al Estado.
La iniciativa denominada Radar Ilegal www.radarilegal.com, es una aplicación web que permite a ciudadanos comprometidos reportar directa y anónimamente desde dispositivos móviles y computadoras todo acto de comercio ilícito que detecten como contrabando, distribución, o falsificación de productos.
En el caso del tabaco, el 31% de la venta de cigarrillos en El Salvador es de contrabando; cantidad suficiente para desestabilizar el mercado legal. Estos cigarrillos provienen de fábricas clandestinas de China y Paraguay e ingresan al territorio por puntos ciegos vía Panamá y Belice. Cada semana se consumen en el país 5.6 millones de cigarrillos de contrabando equivalente a una evasión fiscal de aproximadamente 15 millones de dólares al año (KPMG, Project Frost, mayo 2015).
Asimismo, el 25% de los licores consumidos en El Salvador proviene de contrabando o es adulterado (Euromonitor Internacional). Con ello, el Estado deja de percibir 18 millones de dólares anuales en concepto de impuestos. El problema es el desvío del alcohol etílico potable desde laboratorios y/o farmacias al margen de la ley, que es desviado para la fabricación de bebidas alcohólicas adulteradas sin pagar los impuestos correspondientes. Según el Ministerio de Hacienda, la recaudación en concepto de Bebidas Alcohólicas destiladas cayó 12% del 2012 al 2014.
Los incrementos radicales de impuestos junto a la tramitología excesiva y burocrática, la falta de capacidades y de amplio entendimiento del problema por parte del gobierno, lejos de atacar efectivamente el contrabando, facilitan su proliferación.
En cuanto a los aceites comestibles que provienen de Honduras y Guatemala, y que posteriormente son comercializados de forma trasegada y sin controles sanitarios la venta ronda los $11 millones de dólares anuales.
El contrabando y el comercio ilegal no es un fenómeno reciente en El Salvador, pero la falta de capacidades, voluntades, determinación y la débil aplicación de leyes y sanciones por parte de los gobiernos, así como la imperante cultura de corrupción y la cultura vulnerable de los consumidores, han alimentado y dado a este monstruo dimensiones prácticamente incontrolables.
*Presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador.