La condición de inmigrante sin permiso de residencia que se queda sin trabajo tras sufrir un accidente laboral no podrá ser utilizada para cobrar beneficios de desempleo arguyendo que su status inmigratorio le impide conseguir empleo, según dictaminó la Corte Suprema del estado de Delaware al considerar el caso de una salvadoreña.
El tribunal concluyó que la Junta de Accidentes Industriales se equivocó al opinar que la salvadoreña Magdalena Guardado, que perdió el uso de una mano al sufrir un accidente laboral, podía cobrar un seguro por incapacidad porque no conseguía trabajo en vista de que está en el país sin autorización.
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Los tres jueces del tribunal opinaron que el status de una persona que se encuentra en el país ilegalmente no es relevante a la hora de determinar si puede ser considerada una "trabajadora desplazada" al quedarse sin empleo porque cerró su empresa.
Los jueces anularon un fallo de un Tribunal Superior que había avalado el año pasado la conclusión de la Junta de Accidentes Industriales. Se instruyó al Tribunal Superior que devolviese el caso a la Junta, para que reconsidere el asunto.
Guardado se lastimó la muñeca izquierda en el 2010 trabajando para Roos Products, una productora de queso que dejó de operar en el 2014, tras un brote de listeria y la suspensión de su certificación.
Luego de recibir varios cobros por incapacidad total, Guardado volvió a trabajar, hasta que se operó la muñeca en el 2014. Menos de dos meses después un médico le dio el alta para que vuelva a trabajar en puestos que no requieran el uso de las dos manos, tras lo cual la empresa intentó dejar sin efecto sus beneficios por incapacidad.
Las Junta de Accidentes Industriales negó el pedido el año pasado, aduciendo que Guardado era una "trabajadora desplazada" por el simple hecho de que está en el país sin permiso y que la empresa no había demostrado que hay trabajos que ella pueda realizar.
Los tribunales de Delaware consideran "desplazado" a los trabajadores que han quedado tan incapacitados por lesiones compensables que no pueden conseguir empleos continuos y que requieren puestos especialmente creados para ellos. Al determinar si un trabajador es desplazado, se toman en cuenta cuestiones médicas y físicas, así como otros factores, incluyendo edad, educación y experiencia.
"Llegamos a la conclusión de que el status inmigratorio de una trabajadora indocumentada no es relevante a la hora de determinar si es una trabajadora desplazada a prima facie (simple vista), pero sí es un factor a ser tomado en cuenta al determinar si es de hecho una trabajadora desplazada", escribió el juez James Vaughn Jr. al resumir el sentir de la corte.
Paralelamente, los jueces dijeron que si una persona demuestra que es una trabajadora desplazada, el empleador debe tomar en cuenta el hecho de que se encuentra en el país ilegalmente al demostrar que hay empleos disponibles para ella.
Vaughn señaló que Roos adujo que es imposible presentar evidencia de que una persona que está en el país sin autorización puede conseguir trabajo porque ello implicaría pedir a los empleadores affidavits en los que dicen que están dispuestos a cometer a sabiendas un acto ilegal al contratar a alguien que está en el país ilegalmente.
"Si bien comprendemos ese temor, creemos que no es válido", indicó Vaugh. "La triste realidad... es que hay grandes cantidades de trabajadores indocumentados entre nosotros. Usando métodos de ciencias sociales confiables, no debería haber obstáculos para que los empleadores presenten evidencia en relación con la prevalencia de trabajadores indocumentados en ciertos tipos de empleos en ciertas regiones, y combinarla con información más específica sobre los empleos disponibles en esas categorías".