El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro al considerarlo inconstitucional y le prohibió realizar actos que puedan alterar el orden público, lo que intensifica el enfrentamiento entre los poderes públicos.
La decisión del máximo tribunal se dio el martes, sólo horas después de que el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, anunciara que la mayoría del Congreso retomaría el juicio contra Maduro tras el fin de la tregua que habían acordado por petición del Vaticano para impulsar un proceso de diálogo con el gobierno.
Asimismo, la Sala prohibió la convocatoria y realización de "actos que alteren el orden público" e "instigaciones contra autoridades".
Al defender la acción del Tribunal Supremo, Maduro afirmó que la decisión "pone las cosas en su justo lugar", y dijo durante su programa de radio, "La hora de la salsa", que el sistema institucional está funcionando en Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Henry Ramos Allup, le restó importancia a la sentencia y publicó en su cuenta de Twitter que la Sala Constitucional, a la que consideró "fraudulenta", no podrá dar instrucciones al Legislativo. "Absolutamente nula nueva decisión", agregó.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus dijo a The Associated Press que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional seguirá adelante con el juicio de declaratoria de responsabilidad política de Maduro, alegando que el proceso "se ajusta a la constitución".
Tras el segundo encuentro que sostuvieron el fin de semana el gobierno y la oposición, Torrealba declaró la víspera que se había acabado la tregua con el argumento de que el gobierno no ha cumplido los compromisos del diálogo. La oposición había exigido al gobierno el reconocimiento del Congreso y el respeto a sus decisiones, pero a fines de la semana pasada el Tribunal Supremo anuló dos leyes y el domingo Maduro prorrogó un decreto de emergencia económica que había sido rechazado por la Asamblea.
El juicio por presunto incumplimiento de los deberes constitucionales había comenzado en octubre, pero fue postergado a comienzos de este mes por solicitud del Vaticano, que actúa como mediador en el proceso de diálogo.
El proceso no podría provocar la destitución de Maduro —ya que el Legislativo no está facultado por la constitución para ello_, pero según Matheus derivará en una "sanción moral" al mandatario.
La reactivación del juicio podría elevar las tensiones políticas que se intensificaron en octubre, luego de que las autoridades electorales y judiciales suspendieran el proceso de recolección de firmas para activar un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
Tres de los diputados opositores del estado sureño de Amazonas, que fueron suspendidos por el máximo tribunal por supuestas irregularidades en su elección en diciembre, solicitaron el martes al Congreso su desincorporación, con lo que se dio por superado uno de los puntos que había generado conflicto entre la oposición y el oficialismo, que había exigido el cumplimiento de la sentencia de la Corte sobre el caso.
En el marco del proceso de diálogo, las partes acordaron el pasado fin de semana llamar a elecciones en Amazonas para elegir de nuevo los diputados de ese estado.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática ha planteado el plebiscito como una salida a la crisis que enfrenta el país sudamericano por una desbordada inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos y una recesión económica.
Maduro descartó el fin de semana el referendo y dijo que las próximas elecciones presidenciales serán en 2018.