Los partidos engañaron de nuevo a sus votantes. Durante el pasado mes de agosto, en Concepción de Ataco, las distintas fuerzas políticas suscribieron un “acuerdo interpartidario” en el que se comprometían a dialogar sobre “la seguridad ciudadana, el crecimiento económico con inclusión, las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, el fortalecimiento institucional, la salud y la educación”. En ese mismo documento, los presidentes y secretarios generales de los partidos ARENA, FMLN, GANA, PDC y PCN asumieron el reto de “buscar los recursos para el financiamiento de las medidas y recomendaciones incluidas en el Plan El Salvador Seguro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia”. El arreglo no duró ni siquiera dos meses. En comparación con el “Acuerdo Nacional del Perú”, el “Pacto de la Moncloa”, el “Pacto de Punto Fijo” y el consenso entre la izquierda y la derecha chilena, el del caso salvadoreño apenas es una caricatura que los políticos manipulan a su antojo para sosegar a una ciudadanía alterada por las graves limitaciones de las libertades y los derechos fundamentales que sufre en la actualidad.
La participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización de los Estados Americanos hacía suponer que la “interpartidaria” representaba un esfuerzo serio de concertación política. Por supuesto que ni el PNUD ni la OEA son responsables del incumplimiento de los partidos. En el pasado estos organismos internacionales han respaldado esfuerzos similares que produjeron documentos muy concretos cuya implementación quedó totalmente en el olvido. Basta señalar el plan de seguridad y las recomendaciones de la conocida como “comisión anticrisis”, ambos esfuerzos durante la administración Saca, en los que Naciones Unidas prestó sus buenos oficios como secretaría ejecutiva, para comprobar que la finalidad última de este tipo de iniciativas no ha sido otra que la de confundir a la gente haciéndole creer que se ha retomado la ruta de los consensos nacionales, cuando en realidad se trata de un ardid político.
De la “interpartidaria” se esperaba un resultado más efectivo. La aspiración de algunos era que este impulso dialogante desembocara en una solución integral al problema del endeudamiento público, en la identificación de recursos para enfrentar la inseguridad pública, en la aprobación de medidas concretas para mejorar la competitividad y para facilitar el inicio de nuevos negocios, en la aprobación de una nueva ley de probidad y en planes concretos que transformaran los ámbitos de la salud y de la educación en verdaderas políticas de Estado.
Los hechos nos están mostrando una realidad completamente diferente. Se aprobó un paquete de impuestos sin mayor discusión y sin la unanimidad que ofrecieron buscar los partidos en el pacto de Ataco, se amenazó de nuevo con penalizar la crítica periodística, se están preparando nuevos tributos y se ignoró por completo el trabajo de la comisión financiera del Consejo de Seguridad. Por cierto quienes coordinan esta última instancia olvidaron a su vez consultar la opinión de los miembros de dicho comité sobre la solicitud presidencial que pidió gravar los servicios de telefonía y las utilidades de las empresas.
Ciertamente han pasado apenas dos meses desde la firma de la “declaración conjunta”. Sin embargo el comportamiento de los institutos políticos no muestra señales alentadoras acerca de su ejecución inmediata. Por el contrario, los liderazgos partidarios continúan crispando el ambiente y nublando la posibilidad de identificar el “punto de encuentro” que podría enrumbar los destinos de la nación. El Banco Mundial advirtió esta semana en el “diagnóstico sistemático de país” lo que por años hemos identificado los actores nacionales como uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional: “que los altos índices de polarización política y la desconfianza limitan el alcance de consensos sobre soluciones a grandes problemas como el crimen y violencia, desequilibrios fiscales o medidas que estimulen el crecimiento económico”.
Las pretensiones de Ataco fueron innovadoras. Además de fortalecer las áreas señaladas al inicio de esta columna, los participantes ofrecieron conformar un comité interpartidario para “facilitar la creación de un marco legal específico” relativo a la prevención del delito y a la readaptación, reinserción y rehabilitación de los pandilleros. También expresaron su interés por estudiar la creación de un “Instituto de criminalística e investigación científica del delito” y del “sistema informático interinstitucional de información y comunicación integrada en el ámbito de justicia y seguridad pública”, lo mismo que la posibilidad de establecer la figura de los “jueces sin rostro”.
Hasta el día de hoy han muerto 5,608 personas en El Salvador. La proyección es que cerremos con más de 6,000 homicidios durante 2015 y que, debido a estos datos, se nos considere como el lugar más violento del mundo. ¿No son suficientes estas escalofriantes cifras para retomar el esfuerzo de la interpartidaria y sacarlo adelante?
* Columnista de El Diario de Hoy.