La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Venezuela es uno de los países en las Américas con mayores procesos legales contra periodistas y medios de comunicación, mecanismo utilizado por el gobierno, funcionarios y organismos estatales para frenar la difusión de información independiente y generar autocensura.
La más reciente denuncia es contra el diario El Nuevo País, cuyo propietario Rafael Poleo, un grupo de periodistas y trabajadores fueron demandados por el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, a mediados de octubre por difamación agravada continuada y solicitó a la corte que se le prohiba al periódico informar sobre la empresa.
Además de Rafael Poleo (exiliado desde 2009), la querella también se interpuso contra los miembros del Consejo Editorial Graciela Requena y Jurate Rosales, el periodista Camilo Rey Luna y el supervisor general Luis Camacho, a quienes se les prohibe la salida del país.
Otros 44 periodistas, directivos de medios, medios de comunicación y particulares enfrentan procesos judiciales desde 2013, acusados por las autoridades por los delitos de difamación, injuria, violencia de género, disputa por propiedad de sede física, legitimación de capitales, ofensa a la Fuerza Armada y difusión de información falsa.
El director del diario El Nacional de Caracas, Miguel Henrique Otero, quien también afronta varias demandas por difamación, expresó que “el acoso contra periodistas y medios es cada día peor en Venezuela. Todos los periodistas que han sido sometidos a procedimientos penales y medidas cautelares siguen en las mismas condiciones, más bien, aumentan”.
“A esta situación, hay que agregar el crecimiento desmedido de la represión a opositores y periodistas, estos últimos considerados enemigos graves de la Revolución Bolivariana. Quien tenga una cámara fotográfica o un teléfono inteligente, corre peligro de ser agredido brutalmente por las fuerzas represivas o los colectivos paramilitares. Los pocos espacios de libertad informativa que quedan en el país están en grave peligro de desaparecer”, dice Otero.
El presidente de la SIP, Matt Sanders, dice hay “una alarmante industria de demandas promovidas por las autoridades venezolanas para cercenar aún más a la prensa independiente que enfrenta en el país numerosos agravios”.
Sometidos a una “justicia sin independencia”
Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director de La Silla Rota, de México, agregó que “el caso de los medios venezolanos acusados de cometer presuntos delitos, tienen también la desventaja de enfrentarse a un sistema de justicia sin independencia”.
El director del diario Correo del Caroní, David Natera, acusado de difamación e injuria, fue sentenciado en 2016 a cuatro años de prisión. Debe presentarse cada 30 días a la corte, fue inhabilitado para ejercer, está sujeto a vigilancia por una quinta parte del tiempo de la condena y se le ordenó al periódico abstenerse de publicar informaciones sobre un caso de corrupción.
También fueron imputados por difamación e injuria los periódicos El Diario de Los Llanos, La Prensa y La Noticia; los diputados Ismael García y Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti entre otros.
El único periodista preso en Venezuela es Braulio Jatar, director del portal Reporte Confidencial, detenido en Isla Margarita el pasado 3 de septiembre. Jatar, quien posee nacionalidad chileno-venezolana, fue acusado por “legitimación de capitales”, delito que conlleva penas de entre 10 y 15 años de prisión.
La arbitraria detención del periodista, quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad sometido a vejaciones, fue expuesto por su hermana Ana Julia Jatar en Ciudad de México durante la Asamblea General de la SIP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron recientemente las acciones del Estado de Venezuela, entre estas el continuado uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica.