Perú acepta por primera vez el uso de un horno para quemar presos en era Fujimori

Según el fallo, tres hombres fueron detenidos y llevados en 1993 a una cárcel clandestina ubicada en los sótanos del cuartel general del ejército donde fueron torturados y quemados 

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28 September 2016

La justicia peruana reconoció por primera vez que durante el gobierno de Alberto Fujimori se usó un horno para quemar los restos de al menos tres detenidos.

Según la sentencia los estudiantes universitarios Martí­n Roca y Kenneth Anzualdo, junto con el profesor Justiniano Navarro fueron detenidos y llevados en 1993 a una cárcel clandestina ubicada en los sótanos del cuartel general del ejército donde fueron torturados y quemados en un horno que, según los peritos forenses, alcanzaba los 1.000 grados centí­grados.

Los magistrados Aldo Figueroa, Robinson Lozada y Liliana Plascencia indicaron además en su fallo que el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos usó su condición de jefe de facto del servicio de inteligencia para aplicar una polí­tica de lucha contra la subversión que incluí­a interrogatorios ilegales de sospechosos.


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"Es la primera oportunidad en la que una sentencia judicial peruana reconoce la existencia de un horno que se usó para cremar a los dos estudiantes y al profesor", dijo el miércoles a The Associated Press el abogado Carlos Rivera, activista por los derechos humanos del Instituto de Defensa Legal.

Agregó que "esto da cuenta de los niveles de perversidad con los que se actuó frente a personas con sospechas de pertenecer a Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y en este caso especí­fico de los desaparecidos no existió ningún tipo de acreditación con esos grupos".

La sentencia a 22 años contra Montesinos y el exjefe del ejército Nicolás Hermoza fue dictada en una sala instalada en una cárcel militar de Lima que el propio Montesinos mandó a construir en la década de 1990 y en la que está preso desde 2001.

Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, fue excluido del proceso porque cuando fue extraditado de Chile en 2007 la justicia de ese paí­s no autorizó que sea juzgado en Lima por el delito de desaparición forzada debido a que ese tipo penal no existí­a en la legislación chilena, explicó Rivera.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos habí­a dictado en 2009 una sentencia contra el Estado peruano por la desaparición de Anzualdo.
En 2004 una inspección judicial halló un fragmento óseo de un dedo de la mano derecha en los sótanos del cuartel del ejército, pero al momento no se ha podido establecer a quien perteneció.

En los tribunales se desarrolla otro juicio por desaparecidos en otro cuartel del ejército en la región andina de Ayacucho, donde los forenses han hallado evidencias de la existencia de un horno.


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La del martes es la más reciente condena contra Montesinos, que acumula más de 30 por diversos delitos, entre ellas una por el tráfico ilegal de armas a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La principal es una sentencia a 25 años que comparte con Fujimori por asesinato y corrupción.