El 29 de julio pasado, el presidente nicaragüense Daniel Ortega consolidó una de sus principales pretensiones desde que asumió el poder en enero de 2007: gobernar sin una oposición formal, después de la destitución de 28 diputados opositores en la Asamblea Nacional.
El Diario de Hoy conversó sobre el clima político, las alianzas del régimen y el deterioro de las libertades civiles con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director del periódico Confidencial y del Centro de Investigaciones de la Comunicación, quien ilustró con mayor profundidad las ambiciones de poder de Ortega y su esposa, Rosario.
¿Cómo se resumen los últimos sucesos en Nicaragua?
Esto empieza el 4 de junio, cuando Daniel Ortega prohíbe la observación electoral para las elecciones del 6 de noviembre y dice que los observadores son unos sinvergüenzas.
El 8 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite una resolución en la cual despoja de la representación legal del PLI a quienes en 2011 representaron a la oposición y obtuvieron 26 diputados. Había otro grupo que impugnaba la forma en que se constituyó el partido.
Le dicen a la oposición que la personería en torno a la que hicieron coalición ya no es legal y los candidatos ya no son los que nominaron. Le trasladan representación a otro grupo sin peso político, a la oposición la dejan sin derecho de ir a la elección. La semana pasada se cierra el periodo para inscribir alianzas electorales y la oposición no pudo inscribirse, esta no tiene casilla electoral o candidato.
Lo último sucedido la semana pasada es que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó la resolución de la CSJ diciendo que los 16 diputados propietarios y 12 suplentes opositores del PLI quedan destituidos. El CSE argumenta que a estos diputados se le aplican los artículos legales que se hicieron para castigar el transfuguismo. Todos estos son subterfugios legales. Ni la CSJ ni el CSE son poderes autónomos o plurales, son extensiones partidarias del Frente Sandinista y el control de Ortega en el Ejecutivo. Dos instituciones que deberían ser del Estado y aplicar la ley están solo ejecutando órdenes políticas y partidarias que dejaron a la oposición sin casilla y sin posibilidad de elecciones y destituyen a diputados electos.
¿Qué reacción popular se ha generado?
Hicimos un sondeo en la calle y no se vive un ambiente de alarma o emergencia por la trascendencia que tienen estas acciones. Eso se explica por varias razones. Por un lado, la población está desconectada de la política. Esta se ha desprestigiado en los últimos años como resultado de los fraudes electorales, el control social y la cooptación del sandinismo. Además no hay expectativa de que estas elecciones iban a ser competitivas.
¿Hay una base de clientelismo en apoyo al régimen que pueda contrarrestar una posible movilización de la oposición?
Objetivamente hablando, Ortega llegó al poder en 2007 con un apoyo del 38%. Después de nueve años en el poder, el techo electoral sobrepasa el 50%, en gran parte por el asistencialismo y la cooptación del Estado y que la oposición se ha debilitado. Este es un régimen autoritario con apoyo popular.
Numéricamente hablando, la base del oficialismo puede callar cualquier protesta...
Cuando ha habido intentos de disputarle al régimen espacios públicos la respuesta ha sido represión con fuerzas paramilitares, policiales. Hay intimidación pues los derechos de movilización política han sido conculcados. Hay miedo de manifestarse. Es real que el gobierno tiene un músculo en su estructura, en el control de todas las alcaldías del país y el control de todo el aparato del estado. En Nicaragua no hay un movimiento opositor pujante sino un oficialismo con gran capacidad de movilizar fuerzas políticas.
El relato popular dice que Nicaragua es una especie de “dictablanda”, con estabilidad e inversiones. ¿Son los eventos recientes una confirmación de una dictadura pura y dura?
Las acciones de junio para acá son una realidad muy específica pero esto es un proceso regresivo desde 2008, cuando se impuso un fraude electoral descarado en las elecciones municipales. Hubo represión contra las protestas y se fueron cooptando a las fuerzas armadas y la policía que dejaron de ser fuerzas profesionales para ser extensiones políticas del régimen.
En 2011 hubo otra elección donde Ortega se reeligió ilegalmente. No tenía forma de presentarse como candidato pero a través de un subterfugio de la CSJ reformó la Constitución para ser candidato a presidente. Se reeligió y obtuvo mayoría calificada. En 2014 estableció reelección indefinida. Esto no es algo que ha ocurrido solo en los últimos dos meses. Estos últimos eventos son la consecuencia natural de un proceso progresivo de concentración del poder y regresión autoritaria en el país.
Lo que puedo decir es que cada vez que el régimen es desafiado responde duro, con represión paramilitar, policial y en el interior del país ha habido hasta ejecuciones de opositores.
El régimen también tiene desde 2009 una alianza muy consistente con el sector empresarial, en torno a la estabilidad macroeconómica y favorecer que se desarrollen inversiones y negocios. Aquí hay autoritarismo político puro y duro y oportunidades de negocio para el capital si este no se involucra en política.
¿Esta luna de miel con el empresariado sigue viva?
En este momento se mantiene inalterable. Lo que se conoce es que hay preocupación en el empresariado; en comunicados dicen que estas últimas acciones no le convienen al país porque puede afectar a mediano plazo el clima de negocios al deteriorarse el pluralismo político, la división de poderes y la democracia. Ahora, esta es una declaración que expresa preocupación. Que eso se transforme en una acción de los grandes empresarios es incierto y no se tiene conocimiento de alguna presión sobre el gobierno. Se conoce que el capital le pidió a Ortega desde inicios de junio una reunión para hablar sobre estos temas y que no ha habido respuesta del gobierno.
El gobierno mantiene su política con el capital de dialogar sobre las leyes económicas y negocios, pero no sobre política.
¿Esta relación será sostenible? ¿No hay riesgo de que Ortega rompa esta cordialidad?
Ese es uno de los dilemas que enfrenta este régimen a mediano plazo. Hasta ahora ha conjugado autoritarismo y represión con un clima de negocios pro inversión privado. La historia demuestra que hay muchos ejemplos de gobiernos que han hecho esta combinación, pero no es duradera. El clima de negocios requiere de instituciones democráticas permanentes, de transparencia, rendición de cuentas. Este es un dilema que los propios empresarios enfrentarán en los próximos años en la medida en que otros factores económicos afecten al país.
Yo entrevisté al representante del FMI la semana pasada y decía que Nicaragua tiene nubarrones en el horizonte. Hay proyecciones estables pero nubarrones asociados al deterioro de los precios de productos internacionales y la reducción de la cooperación venezolana que ha sido uno de los pilares de este régimen. La pregunta de si durará o no la deben responder los empresarios pero han sido los principales beneficiarios de la alianza con el gobierno.
Ha hecho comparaciones con el somocismo. ¿Este régimen trasciende las ideologías?
Ortega predica un discurso que intenta asociarse a las banderas de la revolución de 1979, pero en la práctica sigue políticas represivas y aspectos neoliberales. Él critica los 16 años de neolibralismo en Nicaragua de 1990 a 2006 pero sus políticas dan continuidad a estas políticas. Es un régimen de discurso revolucionario con políticas autoritarias, no hay ningún progresismo o revolución.
¿Qué tanto han empeorado las limitaciones a las libertades y a la prensa?
Si se compara la situación actual con 2006, es más fácil entender que se ha producido una drástica regresión, de un sistema que era competitivo, pluralista y abierto a muchas voces a un sistema actual en el que predomina un duopolio en la televisión donde de los nueve canales, están en manos de la familia Ortega Murillo o en manos del mexicano Ángel González, además de un clima de autocensura.
Además ha existido un drástico deterioro en los derechos ciudadanos de manifestarse, expresarse o tener acceso a los medios de comunicación. Se practica la libertad de expresión con represalias en algunos pocos medios independientes que aún quedan en Nicaragua.
¿Como medio han tenido problemas ?
Los pocos medios independientes tienen cero acceso a publicidad pública, a fuentes oficiales, se nos excluye de conferencias de prensa y hasta de las audiencias judiciales. Hay también campañas de intimidación y hostigamiento contra periodistas y medios. En 2008 fuimos objeto de una presunta investigación de lavado de dinero que derivó en la ocupación de nuestras oficinas por la Fiscalía con más de 40 policías. Se nos quería atribuir un delito que nunca pudieron probar, pero en el fondo eso respondía a un acto de intimidación por la labor de periodismo independiente y la labor de fiscalización del poder que realizamos.
¿Qué viene para Nicaragua, especialmente con elecciones a la vuelta de la esquina?
Las elecciones persiguen refrendar el tercer periodo de Ortega. La legitimidad de su reelección está cuestionada por la oposición y otros sectores de la sociedad civil como una farsa electoral. Participará el FSLN y partidos satélite o “zancudo” sin credibilidad o legitimidad.
Hay que ver si la oposición logra movilizar a la población para denunciar la farsa electoral. No se prevé un cambio político inmediato. Ortega asumirá en enero de 2017 en un contexto de mayor ilegitimidad, pero lo que viene es difícil de predecir porque hay muchos factores.
Entre los factores externos, es diferente una dictadura en bonanza que una en miseria...
El apoyo venezolano ha sido clave para financiar el clientelismo y afianzar la alianza con el sector privado, unos $3,500 millones en los últimos ocho años, de los cuales como el 60% se ha desviado a actividades privadas lucrativas. Con ese dinero se ha creado un consorcio económico que controla la familia Ortega que se llama Albanisa. Esa cooperación que se manejó como un presupuesto paralelo sin auditoría estatal se ha reducido.
No es que el gobierno se vaya a desplomar pero le resta flexibilidad para resolver problemas o mantener la alianza con el capital. Para decirlo sencillamente, esa cooperación le permitió a Ortega no tener que hacer una verdadera reforma tributaria. Al reducirse esos recursos sus relaciones serán tensas porque siempre hay una disputa por recursos del estado.
¿En Nicaragua no ha habido procesos sistemáticos de reforma tributaria?
Las principales leyes económicas implementadas han sido consensuadas con el capital. Aquí no se discuten ni en el parlamento ni en consultas públicas. Esa ha sido la prerrogativa del régimen al empresariado, que ha dictado las reglas económicas a su conveniencia.
En un país poco acostumbrado a una oposición pujante, ¿qué puede venir después?
Lo que vemos es un régimen que no está en una etapa de debilidad, sino en una etapa de fortalecimiento, adoptando medidas que lesionan su propia legitimidad y por otro lado se sostiene esa alianza pero también se sostiene en un estado de control personalista que difícilmente es sostenible.
Además se sostiene en una estructura que fomenta la corrupción pública porque no hay sistema de control o rendición de cuentas.
El modelo de Ortega no está agotado entonces…
Este martes (hoy) es el día tope para inscripción de candidaturas presidenciales y de diputados para el 6 de noviembre. Ahí sabremos si en la lista de candidatos aparece Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. Ortega está orquestando no una sucesión democrática sino una heredada o dinástica.
Entonces el rol de Rosario Murillo es clave…
Ella juega un rol de “copresidenta”. Formalmente es vocera del gobierno y en la práctica es como una primera ministra atendiendo los asuntos del día a día del gobierno, pero no tiene una relación institucional con la sucesión del poder.
Se ha hablado de las recientes acciones como un golpe de Estado. ¿Se le puede considerar así o compararlo a lo que hizo Fujimori en Perú o Serrano Elías en Guatemala?
No creo que sea un autogolpe porque no se trata de suprimir el parlamento, sino un golpe al pluralismo. Se está eliminando la representación de diputados electos por el voto popular y se le cercena a los electores su derecho no