Las calles de Nicaragua mienten: mientras la clase política, los medios de comunicación, las representaciones diplomáticas internacionales y las redes sociales bullen de actividad rechazando -o intentando justificar- la instauración de una nueva dinastía -la de la familia Ortega- las vías de las ciudades parecen estar a punto de morir de aburrimiento.
Por más de un año, una alianza de partidos de oposición efectuó más de sesenta protestas frente a la sede principal del Consejo Supremo Electoral (CSE), en demanda de unas elecciones libres, vigiladas y transparentes en las que hubiera certeza de que los votos se contaran bien.
Miércoles a miércoles, unas 300 personas o menos, se manifestaron reclamando un derecho básico de toda democracia, pero sus reclamos cayeron en oídos sordos, quizás, precisamente, por ser tan pocas personas en una ciudad de más de un millón de habitantes.
En vez de eso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), decidió retirar los sellos y la representación del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) al diputado Eduardo Montealegre, y entregárselos a un rival de nombre Pedro Reyes, que se apresuró a lanzar su candidatura presidencial… en el garaje de su casa.
Los liberales independientes y sus aliados del también opositor Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), convocaron a ‘plantones de luz’ (marchas nocturnas de protesta), que tampoco han tenido mucha respuesta del público.
El siguiente golpe llegó el viernes pasado, cuando el CSE ordenó la destitución de los 16 diputados propietarios y 12 diputados suplentes de la Alianza PLI que no se subordinaron al nuevo presidente de ese partido, aplicando una ley que permite destituir a un diputado que se separe de la bancada del partido con el que fue electo.
El momento fue escogido a sabiendas de que la gente no saldría a protestar el sábado. Ni el domingo. Ni el lunes, que fue feriado en la ciudad de Managua.
El martes, Ortega dio el tiro de gracia a la democracia nicaragüense, al inscribir a su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia, lo que se interpreta como una manera de asegurar la sucesión dinástica en caso que Ortega falleciera siendo presidente, o renunciara por cualquier razón, con lo que imita a la dinastía Somoza, que gobernó Nicaragua durante 42 años (entre 1937 y 1979), hasta que fue derrocado por el pueblo en una insurrección armada.
El martes en la noche y todo el día miércoles la gente volcó, una vez más, su indignación en las redes sociales, pero las calles de Managua siguieron tan tranquilas -y tan aburridas- como siempre.
Aquella Nicaragua valiente… aquella
Hubo una época en que los nicaragüenses protestaban con ardor en las calles cuando se sentían víctimas de una injusticia: sea que el pasaje urbano aumentara en unos pocos centavos; que la familia Somoza siguiera perpetuándose en el poder o que asesinaran a alguien tan querido como el periodista Pedro Joaquín Chamorro.
Pero eso fue en los años ’70 del siglo pasado. En la actualidad, la gente ‘protesta’ por Facebook, Twitter o WhatsApp, o lo comenta con sus amigos, parientes, compañeros de trabajo o vecinos. Envían un chat, suben un comentario, comparten un meme en contra de Ortega, y comienzan a “guasapear”, pero no salen a las calles a protestar.
Para el político liberal Eliseo Núñez, uno de los 12 suplentes destituidos, esa aparente apatía se explica porque la gente no cree que el país se esté enrumbando a un conflicto y si alguno lo cree, piensa que a él no le afectará.
“La gente no parece darse cuenta que esta inestabilidad pone en peligro sus empleos, la posibilidad de enviar a sus hijos a clase, y de seguir viviendo sus vidas de forma pacífica”, dijo al ser entrevistado para el programa de televisión ‘Esta Semana’.
A su juicio “la afección comenzará a verse, porque en este país hay un modelo económico que produce una exclusión enrome que enriquece a unos pocos, mientras empobrece al resto, y mantiene a la gente en la pobreza, a través del clientelismo político”.
Por su parte, la presidenta del MRS en el municipio de Managua, Suyén Barahona, cree que la gente está comenzando a percatarse de los abusos que comete el partido de gobierno, en especial al secuestrar la posibilidad de que en el país se pudieran hacer cambios pacíficos por la vía electoral.
“El reto es cómo vincular todo el descontento que existe”, lo que puede hacerse ejerciendo presión, movilizándose, y tratando de integrar a esa mayoría silenciosa que está descontenta con el régimen de Ortega, y busca una salida a esta situación, aseguró.