MIAMI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó ayer de acto de intimidación la demanda penal por difamación que interpuso el gobernante de Bolivia, Evo Morales, contra el periodista Humberto Vacaflor, la que busca incentivar un efecto disuasivo en contra de la libertad de prensa en el país.
El periodista fue demandado tras informar en un programa del canal Católica TV el 4 de julio que Evo fue uno de los autores intelectuales del asesinato de un policía y su esposa en el 2000 en la zona del Chapare. En esa época Evo era diputado y dirigente campesino.
La denuncia, a la que el juez René Delgado determinó enviar a etapa preparatoria de juicio por difamación, fue presentada el 12 de julio.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que “no es la primera vez que observamos a mandatarios extralimitarse en el uso de su poder con la intención de hostigar, limitar la información de interés público y castigar a los periodistas críticos”.
Paolillo, explicó que cuando se trata de una figura pública “estas acciones penales contravienen la jurisprudencia internacional”, además de estar encaminadas a “buscar un efecto disuasivo en contra de la libre actividad periodística”.
De acuerdo a medios locales Vacaflor se refirió a información publicada por el diario Los Tiempos en 2003 sobre declaraciones de presuntos testigos que aseguraron que Evo dio la orden de hacer desaparecer al matrimonio.
Una investigación posterior descartó vínculos de Evo con el crimen. Vacaflor es conocido como periodista crítico del gobierno y este año recibió el premio Premio Libertad de la Asociación Nacional de Periodistas.
A finales de junio, Evo amenazó a medios de comunicación y periodistas con enviarlos a la cárcel por la cobertura del caso Gabriela Zapata, expareja sentimental del gobernante. En esa ocasión, la SIP condenó “la vieja práctica de intimidar a los periodistas y descalificar a los medios, cuyo objetivo es disuadir que se informe sobre asuntos de interés público”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo entonces: “Condenamos profundamente que el gobierno siempre intente estigmatizar a la prensa, llamándola ‘cartel’, como si se tratara de bandas de delincuentes, justificando así procesos penales que no se compadecen en nada con lo que estipula la Ley de Imprenta vigente en el país, y los principios interamericanos sobre libertad de prensa”.