WASHINGTON. La CIDH expresó ayer su preocupación ante la destitución de los diputados de oposición en Nicaragua, lo que consideró una potencial violación de los derechos políticos en el país, e instó al Estado a “garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios políticos” popularmente electos.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó a la decisión del Parlamento nicaragüense de destituir a 28 diputados opositores por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Los diputados fueron destituidos por no aceptar a Pedro Reyes como jefe del Partido Liberal Independiente (PLI), después de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le quitara la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre y se la otorgara a ese otro político.
Reyes es un político que ha sido vinculado al oficialismo.
“Con esta decisión, las personas elegidas por voto popular para ejercer el cargo de diputado fueron reemplazadas por una decisión judicial emitida en un contexto político de año electoral”, dado que Nicaragua celebrará elecciones generales en noviembre, indicó la CIDH.
“Si la decisión de destitución tiene como resultado que autoridades electas por el mandato del voto no pueden terminar de ejercer el cargo en el período para el cual fueron electas, dicha decisión podría constituir una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos”, advirtió.
Por tanto, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó al Estado nicaragüense a “generar las condiciones y mecanismos adecuados para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”.
“Asimismo, la CIDH recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios políticos que han sido electos e investidos por el mandato popular”, subrayó la institución.
Los diputados destituidos por la autoridad electoral son los mismos que encabezan la principal coalición opositora y que, afectados por una serie de fallos judiciales que los dejaron sin partido, decidieron no participar en los comicios de noviembre, que califican de “farsa”.
Los legisladores expulsados pertenecen a la Coalición Nacional por la Democracia que desde 2015 protesta en las calles todos los miércoles para exigir elecciones libres, transparentes, incluyentes y con presencia de observadores.
La oposición, empresarios y la jerarquía católica denuncian que Ortega planea establecer un régimen unipartidista.
En las elecciones del 6 de noviembre, el presidente Daniel Ortega buscará un cuarto mandato frente a cinco candidatos de pequeños partidos de la oposición, y también se elegirán 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.