BRASILIA. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, volvió ayer a calificar el controvertido juicio político en su contra como un “golpe de Estado” y pidió al Senado rechazar su inminente destitución en una emotiva intervención ante la Cámara.
“No cometí los delitos de los que soy acusada injusta y arbitrariamente”, dijo Rousseff, suspendida de su cargo desde mayo, en su discurso de defensa ante los 81 senadores que deben decidir en las próximas horas sobre su destitución definitiva.
“La acusaciones dirigidas contra mí son meros pretextos”, agregó la mandataria respecto a las acusaciones de que su gobierno cometió “crímenes de responsabilidad” por maquillar las cuentas públicas para esconder el verdadero déficit fiscal del Estado.
Rousseff aseguró asimismo que esperará a la votación final que debe conseguir una mayoría de dos tercios (54 votos) en el Senado para destituirla, y que no renunciará de ninguna manera a su cargo.
“Jamás lo haría porque nunca renuncio a la lucha”, aseguró Rousseff, que aseguró también que convocará elecciones en caso de mantener su cargo.
La destitución de la mandataria de 68 años este martes o miércoles se da prácticamente por segura, ya que fue el propio Senado el que la suspendió el 12 de mayo con una clara mayoría.
El previsible final de los más de 13 años de Gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff quedó casi encauzado después de que su principal aliado, el centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer, abandonara su Ejecutivo.
El conservador Temer es desde mayo presidente interino y asumiría definitivamente la jefatura de Estado hasta las elecciones de 2018 en caso de que Rousseff sea destituida, si no, ella será reinstalada en su cargo.
El juicio contra Rousseff está enmarcado en varios escándalos de corrupción que salpican prácticamente a toda la clase política brasileña y en una dura crisis económica en la primera economía de América Latina.
Debido a la investigación han ido a parar a la cárcel prominentes empresarios y políticos, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores de la mandataria. Sin embargo, el asunto no para ahí: grupos independientes calculan que 60% de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por irregularidades y muchos por corrupción relacionada con la pesquisa sobre Petrobras.
Rousseff atribuyó el proceso de destitución al que calificó de “ilegítimo” a intereses “ultraconservadores”. “Hicieron todo para destabilizarme a mí y a mi Gobierno”, aseguró Rousseff.
“Estamos a un paso de la consumación de una grave ruptura institucional”, dijo también la mandataria en un emotivo discurso de unos 45 mins ante el Senado.
La presidenta, que se sometió después de su intervención a preguntas de los legisladores, llegó a la Cámara poco después de las 9 de la mañana hora local acompañada por su mentor político, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y varios de sus ex ministros.
El proceso de “impeachment” contra la primera presidenta mujer de Brasil divide desde hace meses el país.
Mientras sus detractores piden la salida de la presidenta por presuntos “crímenes de responsabilidad” debido a las irregularidades en la elaboración de los presupuestos públicos, sus defensores acusan a la oposición de usar eso como excusa para fraguar un “golpe” contra un Gobierno electo democráticamente.
Este drama ha consumido a Brasil durante todo el año, y el procedimiento continuó incluso durante los Juegos Olímpicos disputados del 5 al 21 de agosto en Río de Janeiro.
Ayer, varios cientos de partidarios se manifestaron frente al Congreso y aclamaron a Rousseff a su llegada al lugar. Frente al Congreso se erigió un gran muro para separar a partidarios de la presidenta de los activistas que desean la destitución.
Sobre la destitución
Para destituir a Rousseff, son necesarios los votos a favor de al menos 54 de 81 senadores.
De acuerdo con un conteo de diversos medios de prensa, 52 senadores han dicho que tienen previsto votar por la destitución, 18 en contra y 11 no han manifestado su decisión. En mayo, la misma instancia legislativa aprobó por 55-21 suspender a Rousseff como presidenta y someterla a juicio político.
El juicio es presidido por el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien antes del discurso advirtió que los senadores y espectadores debían guardar silencio.
Al finalizar el alegato, muchos senadores aplaudieron, y Lewandowski suspendió inmediatamente la sesión.
“Esto es un juicio, no un debate político”, dijo.