WASHINGTON. La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó ayer un proyecto de ley para extender las sanciones impuestas a ciertos funcionarios del régimen chavista hasta 2019 inclusive, unas restricciones ya vigentes y que de otra forma expirarían a finales de este año.
Así, el Congreso accedió a ampliar la ley impulsada en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez que congela activos en territorio estadounidense y sus visados a algunos de los miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, así como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargos.
El Senado ya había dado luz verde a la medida el pasado abril, con lo que, tras la aprobación ayer, sólo resta la rúbrica del presidente Barack Obama, quien no se opone a la medida.
La ley ordena la imposición de sanciones contra funcionarios actuales o anteriores del régimen venezolano y aquellos que actúen en su nombre y que hayan cometido “actos significativos de violencia o abusos graves de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos y otros civiles inocentes”.
La legislación fue diseñada en respuesta a la feroz represión emprendida ese año por el régimen de Maduro contra los estudiantes e integrantes de la sociedad civil que salieron a protestar en su contra, en una ola de arrestos y maltratos que dejaron unos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos desde febrero pasado.