BUENOS AIRES. El juez federal Claudio Bonadío ordenó embargar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como medida cautelar en el marco de las investigaciones sobre el conocido como caso dólar futuro.
El magistrado le confirmó que considera que es la máxima responsable de que su gobierno decidiera, deliberadamente, vender millones de dólares por debajo del precio del mercado con fecha posterior al final de su mandato. Esa decisión le causó daños de miles de millones a las arcas públicas. Dicho en palabras del juez, su procesamiento se debió por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
Fernández de Kirchner recibió personalmente la notificación en los juzgados de Comodoro Py, en Buenos Aires, en un trámite que duró apenas 15 minutos, de acuerdo con la prensa argentina.
La izquierdista tuvo que conformarse ayer con la presencia de unos cientos de seguidores. Denunció el “hostigamiento de algún sector del partido judicial” acusó al juez de “animosidad manifiesta” y “ridícula” y anunció que apelaba y denunciaba a los que, según ella, protagonizan el mismo “modus operandi” en su contra.
Presunto delito de fraude
El proceso comenzó el año pasado por una denuncia formulada por los entonces diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri por un presunto delito de “defraudación contra la administración pública” por las ventas del dólar futuro.
El objetivo de estas operaciones financieras era asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales, de acuerdo con la prensa local.
Para Bonadío “es impensable que una operación financiera de esta magnitud (...), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo”.
Bonadío procesó a Fernández de Kirchner en mayo pasado junto al exministro de Economía, Axel Kicillof, y el extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y también les impuso un embargo de un millón de dólares a cada uno.
en 2015, que fue el último del gobierno kirchnerista, el Banco Central vendió dólares por anticipado a empresas y bancos a un precio oficial, pero el valor de estas divisas se incrementó en diciembre, ante la brusca devaluación decretada por el presidente Mauricio Macri.
Esto permitió que quienes compraron dólares “a futuro” a un precio promedio de 10 pesos por unidad, ahora puedan cobrarlos a una cotización de entre 14 y 15 pesos, diferencia que debe pagar el Estado, lo que provocó pérdidas superiores a $300 millones.
Pese a que el Banco Central es autónomo, Bonadío consideró que las operaciones no pudieron realizarse sin el aval de la Kirchner y de Kicillof, por lo que primero los imputó y luego los procesó y los acusó del delito de “administración infiel con perjuicio al Estado”.
Bonadío es el primer que procesó judicialmente a la expresidenta. El delito que le imputa a ella contempla penas de 5 a 20 años de prisión.
La Kirchner también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.