GUATEMALA. La mayor trama de corrupción desarticulada en Guatemala, denominada “Cooptación del Estado”, llevó ayer al expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, a otro proceso judicial que puede culminar en su enjuiciamiento.
El juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo, consideró ayer que existen indicios suficientes para procesarlos por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero.
Tras el fallo judicial viene otra fase de investigación, que por ley dura tres meses, en la que la parte acusadora reunirá todas las pruebas necesarias para presentarlas en una audiencia de “etapa intermedia”.
Finalizada la etapa de investigación, el Juzgado deberá fijar fecha para la audiencia de presentación de las pruebas y será en esa diligencia en la que el juez entrará a valorar las evidencias para decidir si envía o no a juicio oral y público a los acusados.
Gálvez explicó que al exbinomio presidencial no se les puede procesar en el caso del saqueo al Estado por los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito porque ya están incluidos en “La Línea” y “TCQ” (Terminal de Contenedores Quetzal).
Gálvez decidió que por el caso “Cooptación del Estado”, además de Pérez Molina y Baldetti, sean procesadas otras 55 personas, incluidos exministros del general en situación de retiro y empresarios, todos acusados de integrar una estructura criminal que saqueó a las arcas públicas entre 2012-2015.
La red, principalmente Pérez Molina y Baldetti, se habrían beneficiado de al menos 500 millones de quetzales (65.9 millones de dólares) de comisiones que pagaban empresarios y financistas del Partido Patriota (PP), que llevó a ambos al poder, por al menos 450 contratos del Estado.
Había 57 acusados en total, pero a dos abogados Gálvez les dictó “falta de mérito”, y no serán procesados.
El juez deberá decidir ahora, en base a la petición del Ministerio Público (MP), quiénes de los procesados quedan en prisión preventiva o si se les dicta otra medida, ya que varios de ellos están detenidos por otros actos de corrupción, como es el caso de Pérez Molina y Baldetti.
Gálvez explicó en su argumento que este proceso es “complejo” no solo por el número de personas acusadas sino por la gran cantidad de evidencia que ha presentado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Aún así, el juez aseguró que actuó de forma transparente y apegado a derecho para no violar los derechos constitucionales de los imputados.
A lo largo de la fundamentación de su decisión, el juez explicó que en las primeras investigaciones se estableció que existió un plan para crear empresas “fantasmas”, primero para financiar la campaña electoral del PP y luego para recibir las comisiones por los contratos públicos.
Dijo que algunas de estas sociedades fueron fundadas por el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien es colaborador del MP, aunque su testimonio no fue considerado para dar el fallo ayer, aclaró.
La resolución judicial fue recibida con sorpresa y satisfacción por algunos de los acusados, entre ellos Pérez Molina, quien dijo a periodistas que espera una decisión justa, ya que será en la nueva etapa del proceso en la que se tiene que valorar las pruebas.