Se ha puesto de moda en los últimos tres años el ufanarse de que no se está cobrando un salario por desempeñar un cargo público, especialmente entre alcaldes y diputados. Algunos alardean de que donan su sueldo, por supuesto que a una institución de beneficencia, con lo que nos inducen a creer que cualquier desempeño de ellos es aceptable, ya que no representan carga para el presupuesto municipal o general de la nación. Pues yo prefiero que reciban una remuneración justa pero, ¡que la devenguen!
Yo quiero funcionarios que rindan cuentas, a quienes se les pueda exigir obras tangibles, cumplimiento de metas, brindación de servicios, liderazgo, aunque sea un horario o que se presenten todos los días a su lugar de trabajo. Quien alguna vez ha tenido una pequeña empresa o proyecto donde haya alguno que presta sus servicios ad honórem o voluntariamente, debe haber experimentado la frustración ocasional de no poder exigir ni siquiera lo mínimo, como decir asistencia o puntualidad, sencillamente porque el colaborador no está obligado contractualmente, pues no recibe una retribución monetaria.
¿Se le puede medir a un empleado que no percibe salario, con la misma vara que se utiliza para evaluar a uno que sí recibe una compensación en planilla? Para evitar este problema, lo mejor es obligar a todo funcionario público a tiempo completo, a que reciba un salario acorde a la responsabilidad del cargo que se asume. Esto previene doble estándares en la rendición de cuentas y la medición de desempeño. ¿Para qué queremos funcionarios que se escuden en lo “barato” que nos resultan, si su mediocridad nos puede costar carísimo a los contribuyentes? Basta revisar algunas megaobras inconclusas recientes para corrobora lo anterior. A propósito nos hemos limitado solo a mencionar la incompetencia en el desempeño, excluyendo otras motivaciones ulteriores que puedan reñir claramente con la ética o la misma ley.
Se puede identificar en estas posturas, una tendencia de tipo discriminatorio contra aquellos que no pueden darse el lujo de prescindir de un salario, debido a que ejercen la función legítima e importante del servicio público para ganarse la vida. Nadie debe avergonzarse de ser un funcionario público de carrera, siempre y cuando se tengan las credenciales y actitudes requeridas. Aquí, de nuevo, se ignoran aquellos “funcionarios públicos” que no llenan ni los requisitos básicos de formación académica, moralidad notoria o el perfil profesional apropiado, pero que como galardón a su lealtad partidaria reciben nombramientos que dejan secuelas muy onerosas a su paso por cargos públicos. Esto último como consecuencia del derroche causado por las malas decisiones en el ejercicio de sus funciones. Estas ratas de gobierno deberían aspirar a lo mucho a plazas en el partido que los apadrina, con gastos sufragados por sus colegas políticos.
Si fomentamos los funcionarios ad honórem, estamos favoreciendo a aquellos políticos que tienen los medios económicos para no tener que depender de un sueldo; con lo cual, estamos excluyendo a la mayoría que brinda sus servicios profesionales a cambio de un salario. No está lejano el día que uno de estos “voluntarios” nos responda airado: No me reclamen, pues ninguno de ustedes me está pagando ni un centavo. Como quien dice, agradezcan que algo hago, ya que no estoy obligado a retribuirles nada.
La contraparte de esta tendencia es la de esperar servicios del Estado sin aportar nada. Es preferible pagar aunque sea, digamos, un dólar mensual por aseo y limpieza, alumbrado público y pavimentación a la alcaldía, ¡porque con ello puedo reclamar por un servicio no brindado o realizado a medias! ¿De qué me sirve no tener que pagarle a ANDA, si luego no tengo derecho a exigir el servicio de agua? No vaya a ser que un día me respondan: Agradezca que recibe algo... ¡a cambio de nada!
*Asesor Financiero,
MBA, Wharton School.