La estructura de corrupción supuestamente liderada por el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se sentará mañana ante la justicia, acusada de haber saqueado el Estado durante el mandato del Partido Patriota (PP).
La audiencia, prevista para el pasado lunes, fue aplazada hasta el día 13 de junio por falta espacio y por falta de acceso de los abogados de los detenidos a los expedientes de la investigación judicial para la defensa de sus patrocinados.
La vista de primera declaración, dirigida por el juez Miguel Ángel Gálvez, se celebrará mañana en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La red, que supuestamente era dirigida por Pérez Molina y Baldetti, comenzó a ser desarticulada el pasado 2 de junio.
Los delitos que se les imputan son los de asociación y enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y financiación electoral ilícita, entre otros.
De acuerdo con las primeras investigaciones, esta estructura creó empresas "de cartón" para recibir dinero para financiar la campaña electoral de Pérez y Baldetti en 2008 y 2011, sin revelar los recursos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Al llegar al poder el 14 de enero de 2012, esta red se fortaleció y en comisiones por contratos otorgados a los financistas se habría embolsado unos 500 millones de quetzales (65 millones de dólares).
Ayer mismo, tres exministros del Partido Patriota fueron detenidos y se emitió orden de captura para otros dos por haber participado en una estructura de corrupción que sufragó costosos regalos para el exbinomio presidencial pagados con fondos de origen ilícito.
Entre 2012 y 2014, Pérez Molina percibió como obsequios por su cumpleaños una lancha, una casa en la playa y un helicóptero valorados en 4,3 millones de dólares; mientras a Baldetti se le agasajó con una vivienda en Roatán (Honduras) por valor de 500.000 dólares.
Baldetti fue detenida en agosto pasado y Pérez Molina en septiembre último, acusados de dirigir la estructura de defraudación aduanera conocida como "La Línea", la cual fue desarticulada en abril de 2016.
Ambos están también acusados de dirigir otra organización que recibió unos 24,5 millones de dólares por otorgar un contrato de ampliación portuaria a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La audiencia de primera declaración del próximo lunes está prevista para las 09:00 hora local (15:00 GMT).