GUATEMALA. El juez Miguel Ángel Gálvez se negó ayer a suspender la audiencia de primera declaración de más de 40 integrantes de una estructura de saqueadores del Estado, entre los que figuran el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), a pesar de la insistencia de la defensa.
La petición de aplazar la diligencia, que se retomará hoy, la formuló el abogado César Calderón, defensor del examandatario y del expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez.
El jurista, al que secundaron otros letrados, argumentó que no había tenido tiempo de analizar los más de 37,000 folios en los que está contenida la investigación y la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) del caso bautizado como “Cooptación del Estado”.
Sin embargo, el presidente del Juzgado B de Mayor Riesgo insistió en que no puede suspender la audiencia de primera declaración porque los fundamentos de los juristas “no son válidos”.
“El abogado Calderón ya conoce el caso ‘La Línea’ y el proceso de su patrocinado”, manifestó el juzgador en referencia a la trama de defraudación aduanera por la que está detenido Pérez Molina desde septiembre.
Durante la diligencia judicial ayer, Gálvez pidió los datos personales a los implicados en la trama de lavado de dinero y explicó que será hoy cuando la Fiscalía y los querellantes realicen las imputaciones.
Agregó que luego de ello, presumiblemente el próximo jueves, suspenderá la audiencia de primera declaración para reiniciarla el lunes, con el fin de darles un tiempo prudencial a los abogados para que analicen los medios de investigación de la Fiscalía y puedan así preparar la respectiva defensa.
En medio de este proceso también se entregó a las autoridades el expresidente del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) de Guatemala Adolfo Fernando Peña, quien se encontraba prófugo de la Justicia desde el pasado 2 de junio, cuando se destapó el escándalo.
También se entregaron ayer a las autoridades la exjefa de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, Edna Berganza, y Eduardo Cristian Kestler Morán, representante legal de un medio de comunicación televisivo, informó la Fiscalía en un comunicado.
La estructura dirigida por Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, según las primeras investigaciones, se apropió de más de 500 millones de quetzales ($65.3 millones) en comisiones por los contratos que dieron desde el Gobierno a los financistas de las campañas electorales de 2008 y 2011.
El juez deberá dirimir, durante esta audiencia de primera declaración, si hay hechos suficientes para procesar por este caso a los implicados, unas cinco decenas de personas.