CARACAS. El Consejo Legislativo del estado Miranda, controlado por el chavismo, afirmó ayer que solicitará a la Justicia chavista que investigue al gobernador de ese estado, el opositor Henrique Capriles, por la violencia registrada en ciertas protestas de la capital.
“Estamos llegando a los rayanos del colmo y estamos dispuestos a tomar, con este apoyo del pueblo mirandino, las medidas que haya que tomar y dirigirnos a los órgano competentes que son los que puede determinar las responsabilidades cometida por el ciudadano gobernador”, dijo la presidenta del Consejo Legislativo, la diputada chavista Aurora Morales.
Las declaraciones de la oficialista a la prensa fueron ofrecidas minutos antes de que se iniciara una asamblea extraordinaria del cuerpo legislador de la entidad contra el gobernador opositor que encabeza la promoción de un referendo revocatorio del mandato del gobernante chavista Nicolás Maduro.
La diputada informó que el punto único de esa sesión es “la instigación a la violencia por parte del gobernado Henrique Capriles Radonsky” en algunas de las protestas que ha impulsado la oposición para presionar al Poder Electoral a que responda con celeridad al trámite de revocatorio que intentan activar desde hace más de dos meses.
La dirigente chavista sostiene que las agresiones de las que han sido víctima, por ejemplo, algunos funcionarios policiales en el control de esas protestas, son responsabilidad de Capriles, cuya función cono jefe del gobierno local es “resguardar el orden público, la seguridad ciudadana, la vida y bienes de los ciudadanos” de ese estado.
También criticó los viajes del líder opositor fuera del país para solicitar el apoyo de la comunidad internacional a los reclamos de la oposición venezolana sobre el revocatorio, porque, a juicio de la oficialista, Capriles abandona sus funciones.
El Consejo Legislativo del estado que abarca buena parte de la capital venezolana tomó la decisión de solicitar una investigación del hecho luego de que, según Morales, un grupo de ciudadanos solicitara a los legisladores actuar antes esto.
En 2015, el líder opositor Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por las protestas de 2014 contra Maduro.
Tras 19 meses arrestado, López fue declarado culpable de los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.