GUATEMALA. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo el lunes que Estados Unidos amenazó a su país si no continuaba operando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y agregó que advirtió a los gobiernos de El Salvador y Honduras, en el sentido que Washington intenta instalar en estos países comisiones parecidas.
El “vicepresidente Joe Biden (de Estados Unidos) me amenazó para que CICIG continuara en el país”, denunció el expresidente Pérez Molina, luego de salir de la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras rendir cuentas del caso que se le sigue por supuestamente dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado entre 2012 y 2015.
Por este caso también está siendo procesada su exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos guardan prisión por otros casos de corrupción.
La CICIG, en conjunto con la Fiscalía, mantiene las acusaciones contra ambos exmandatarios, que niegan todos los hechos.
En ese sentido, el expresidente guatemalteco declaró que el gobierno de Estados Unidos advertía de “sanciones económicas” para Guatemala si no prorrogaba el mandato de dicha comisión.
Es más, dijo que alertó a los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y de Honduras, Juan Orlando Hernández, de las intenciones de Washington de instalar una comisión parecida en cada país.
En abril, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, entregó la solicitud formal para que la ONU extienda el mandato de la CICIG de septiembre 2017 hasta septiembre del 2019. La petición se hizo efectiva en una reunión sostenida en sede de la ONU en Nueva York. Morales destacó entonces que “la Comisión ha contribuido con la investigación de más de 200 casos y ha procesado a más de 160 funcionarios y exfuncionarios por diferentes delitos.
Sigue juicio
Ayer, en el seguimiento del caso denominado como “Cooptación del Estado”, la abogada Berenice Jerez, de la CICIG), describió al juez Miguel Ángel Gálvez la forma en que el exbinomio presidencial se hizo de residencias y vehículos a través de empresas fantasmas creadas para captar las comisiones por contratos otorgados a empresarios.
Según el ente de la ONU, sólo Pérez Molina recibió regalos por unos $4.3 millones; Baldetti, por su parte, adquirió, entre otros bienes, un avión conocido como “La Balita”, el cual pagó conforme iban recibiendo las comisiones, dijo.
Jerez manifestó también que el exabogado de Baldetti, Mario Cano, acusado de asociación ilícita en este caso, faltó a su “ética profesional” al crear empresas para la exvicepresidenta.
Además, explicó, aceptó como pago de sus honorarios un inmueble que no estaba a nombre de Baldetti y que supuestamente había sido adquirido con dinero ilícito.
Como parte de la evidencia presentada contra 57 miembros de la estructura criminal, la Cicig mostró al juez escuchas telefónicas, declaraciones de testigos y cuadros con descripciones de bienes y servicios adquiridos por integrantes de la red, principalmente Pérez Molina y la exvicepresidenta.
La Fiscalía Especial Contra a Impunidad (Feci) del Ministerio Público ha documentado hasta ahora unos 450 contratos de los cuales la estructura recibía un 10 por ciento de comisiones.
Jerez reiteró que, según el testimonio del colaborador del caso, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, el 60 por ciento de esas comisiones era para Pérez Molina y ella, y el otro 40% para el resto de la red.