Discuten en Washington el financiamiento del Plan Alianza para la Prosperidad

Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron al país del norte para participar en una serie de reuniones con el gobierno estadounidense para tratar el tema

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03 May 2016

Los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, iniciaron la mañana de este martes una serie de reuniones conjuntas en Washington para abordar el financiamiento del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Antes del medio día llegaron a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sostener un encuentro con el presidente del organismo multilateral, Luis Alberto Moreno, luego del almuerzo en la sede del banco se dirigirán a las 2:00 p.m. hacia el edificio ejecutivo del Complejo de la Casa Blanca, donde les atenderá el vicepresidente Joe Biden.

Las reuniones son de carácter privado y los equipos de prensa de Guatemala y Honduras han adelantado que los mandatarios de esos países ofrecerán declaraciones a los periodistas al concluir la jornada de reuniones de este día, no así El Salvador, pues el mandatario, según fuentes de la embajada en Washington no dará declaraciones para medios de comunicación.

Los gobernantes llegaron a Washington a pocos días de haberse realizado una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con expertos sobre la región, los que aclararon a los legisladores los problemas críticos de Centroamérica, como la alta corrupción e ineficiencia de funcionarios que ocupan cargos públicos, con lo que entre líneas pusieron en duda la eficacia del plan apoyado por el gobierno estadounidense.

También, insistieron en la impunidad que impera en la región con cifras alarmantes de homicidios que no se esclarecen. 

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado más de 700 millones de dólares para apoyar programas de desarrollo en los tres países con miras a minimizar la inmigración irregular y generar productividad.

Este plan ideado por la adminsitración del presidente Barack Obama fue propuesto a mediados del 2014 cuando miles de menores de edad no acompañados y grupos familiares abarrotaron los centros de detención en las frontera sur con México en lo que se dio en llamar: "Crisis humanitaria de los niños migrantes centroamericanos", que escapaban de la violencia social y pobreza en los tres países.