BRASILIA. El instructor de la comisión del Senado que analiza si la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, deberá ser sometida a un juicio con miras a su destitución recomendó ayer que el proceso continúe, pues se cumplen todos “los requisitos legales”.
El informe del senador Antonio Anastasia, instructor del caso, fue divulgado en la página del Senado en internet, en momentos en que él mismo comenzaba la lectura de las 126 páginas que tiene el documento ante los miembros de la comisión.
Según Anastasia, “la denuncia presenta los requisitos legales y formales exigidos por la legislación en vigencia, y especialmente por la Constitución Federal, para ser recibida”.
El instructor dice que su voto “es por la admisión de la denuncia con la consecuente instauración de un proceso de destitución, la apertura de un plazo para que la denunciada responda a la acusación y el inicio de la fase de instrucción del proceso” que puede llevar a recortar el mandato de la presidenta.
El informe elaborado por Anastasia tras escuchar los testimonios de la acusación y la defensa será votado el próximo viernes en la comisión, que tiene 21 miembros, y en caso de ser aprobado por una mayoría simple será remitido al pleno del Senado.
En esa última instancia, el informe se prevé que será debatido el próximo día 11 y si al menos 41 de los 81 senadores se inclinaran por instaurar el juicio político, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.
En ese período, sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, con quien está enemistada hace meses y que ya ha comenzado a articular la composición del gobierno que debería asumir una vez que la mandataria sea notificada oficialmente del inicio del juicio.
Hasta concluir que existen méritos jurídicos para la apertura del proceso, Anastasia hizo en su informe un pormenorizado relato de las acusaciones, que se fundamentan en maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de “maquillar” sus resultados fiscales.
Mientras tanto, la fiscalía general de Brasil ha solicitado al máximo tribunal del país que autorice una investigación a Rousseff por acusaciones de obstrucción de la justicia, informó la prensa local.
Rousseff es una de las 30 personas que fueron enlistadas en la petición del fiscal Rodrigo Janot, indicaron los principales diarios del país y la televisora Globo. Entre las otras está el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el abogado general José Eduardo Cardozo, así como el político opositor Aecio Neves -que perdió ante Rousseff en la contienda presidencial de 2014-, y Eduardo Cunha, presidente de la cámara baja.
La fiscalía general, que necesita permiso de la Corte Suprema para investigar a legisladores y funcionarios gubernamentales de alto nivel, declinó hacer comentarios al respecto.
Los reportes noticiosos indican que se sospecha que Rousseff intenta socavar la investigación relacionada con el caso de corrupción de la compañía estatal Petrobras al designar a Lula como su jefe de gabinete este año. Dicha nominación fue suspendida posteriormente.