BRASILIA. Un juez de la Suprema Corte de Brasil suspendió ayer el mandato del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, cerebro del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
La sentencia es una medida cautelar y atiende a un pedido formulado en diciembre pasado por la Fiscalía, que afirma que Cunha usaba su cargo para obstruir las investigaciones en su contra que involucran una red de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras y en el comité de ética de la Cámara Baja.
“No existe la menor duda de que el investigado no posee condiciones personales mínimas para ejercer, en este momento, en su plenitud, las responsabilidades del cargo de presidente de la cámara de diputados”, señala el fallo del juez Teori Zavascki.
La decisión lo separó tanto de su mandato como diputado federal como de su cargo de presidente de la cámara, pero no le quita la protección de los fueros privilegiados que le permiten ser juzgado sólo por el máximo tribunal de justicia.
Cunha, de 57 años, del Partido por el Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), es el segundo en la sucesión presidencial de Brasil y, si Rousseff es suspendida por el Senado para iniciar un juicio de destitución el 11 de mayo, quedará en primer lugar detrás del vicepresidente Michel Temer, que reemplazaría a Rousseff.
La fiscalía detalló 11 acciones en las que Cunha, un legislador ultraconservador y dueño de 150 dominios de internet con la palabra “Jesús”, actuó en forma ilícita.
“Ya no está en funciones”, informó la asesoría de prensa de la cámara de diputados.
Cunha dijo que apelará la decisión y que no renunciará. Calificó la decisión de “extraña” y de “venganza política” por su oposición a Rousseff y al Partido de los Trabajadores.
En el Congreso, la decisión del Supremo fue aplaudida incluso en las filas del PMDB, al que pertenecen Cunha y el vicepresidente Michel Temer.
Afuera de la Corte Suprema se escucharon juegos pirotécnicos cuando se alcanzó la mayoría para suspenderlo.
Además de obstrucción de justicia, Cunha afronta otras acusaciones de corrupción, incluyendo la de aceptar sobornos y la de ocultar millonarias cuentas bancarias en el extranjero.
Polémico, poderoso, este legislador que se convirtió en la némesis de Rousseff es, además, el único político protegido por fueros que está siendo juzgado por la corte suprema en una causa que indaga si cobró $5 millones para facilitar un negocio en Petrobras.
En diciembre, cercado por denuncias en su contra y amenazado en la propia cámara de diputados con perder su mandato por faltas éticas, autorizó un pedido de juicio político contra la presidenta por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
A la cabeza de la cámara será reemplazado por Waldir Maranhao, uno de sus aliados en el Partido Progresista, que también es investigado para determinar si se benefició del ducto de sobornos que drenó miles de millones de dólares de Petrobras a lo largo de una década.
Según Transparencia Brasil, más de 58% de los 513 diputados federales están bajo la lupa de la justicia o han sido acusados de cargos de corrupción, asesinato y violación. En el Senado, un 60% tiene problemas con la justicia.
El proceso de juicio político dejó a Rousseff al borde de perder la presidencia de una de las mayores economías del mundo. Analistas políticos y distintos sondeos indican que será suspendida el próximo miércoles y deberá recluirse a la espera de que termine el juicio, en un máximo de 180 días.
En ese escenario, será sucedida por el vicepresidente Temer, a quien acusa de haberla traicionado y de ser uno de los dos “jefes de la conspiración” que busca derrocarla. El otro es Cunha.