Un juez guatemalteco ligó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina, a su exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otras diez personas, el viernes para que sean investigados por la fiscalía por presuntos delitos relacionados a un segundo caso de corrupción.
Se trata del contrato entre la Empresa Portuaria de Guatemala y la compañía Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ, subsidiaria del Grupo TCB -un operador español de terminales de contenedores y servicios especializados de ingeniería y consultoría marítima, para carga valorada en 255 millones de dólares que habría sido firmado fraudulentamente por funcionarios y empresarios.
Este es el segundo caso en el cual Pérez Molina es ligado a proceso y el tercero para Baldetti, todos vinculados a presuntos hechos de corrupción.
Según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de las Naciones Unidas que investiga grupos clandestinos y de seguridad incrustados en el estado guatemalteco, Pérez Molina y Baldetti lideraban una organización integrada por funcionarios, empresarios y particulares que adjudicó un contrato a TCQ, para la construcción de una terminal portuaria en el Puerto Quetzal en el Pacífico guatemalteco, a cambio de entregarles un soborno por 30 millones de dólares.
El juez dijo que los acusados quedaban ligados al proceso por los delitos de lavado de dinero, fraude, cohecho pasivo y asociación ilícita. Pérez y Baldetti no serán investigados por asociación ilícita ya que están vinculados por el mismo delito en otro caso de corrupción y según la ley del país no se puede acusar a una persona dos veces por este delito.
César Calderón, abogado de Pérez Molina, dijo a The Associated Press que el juez no argumentó suficientemente por qué van a ligarlos a proceso, pues no hay evidencias suficientes para determinar que estuvieron involucrados en dichos ilícitos.
"El juez no explicó las razones por la cuales los liga a proceso, debe desestimar los argumentos de la defensa y no lo hizo", dijo Calderón y agregó, que "Estamos en desacuerdo con la decisión".
Según la declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, ahora colaborador de la fiscalía, le entregó a Pérez Molina y Baldetti 8,4 millones de dólares producto del soborno con los que estos adquirieron casas, lanchas, helicópteros y vehículos, entre otras cosas. Ambos han negado los cargos.
El juez Gálvez deberá decidir si envía a prisión a los acusados, que ya guardan prisión por el caso de corrupción llamado "La Línea", en el que empresarios habrían pagado sobornos a empleados y funcionarios públicos para ayudarles a evadir impuestos.
El fiscal Juan Francisco Sandoval pidió al juez que se dicte auto de prisión preventiva para todos los implicados, debido que por su condición de poder podrían obstaculizar la justicia, y que hay un eventual peligro de fuga, además de existir temor por la vida de los testigos y colaboradores del caso.