CARACAS. La mayoría opositora del Parlamento venezolano desaprobó ayer “por inconstitucional” el decreto de “estado de excepción y emergencia económica” que dictó el gobernante Nicolás Maduro el viernes pasado para hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado.
El Congreso consideró que el decreto “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela” y además “representa un franco abandono de la Constitución por parte del presidente de la República”.
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, aseguró que el decreto de estado de excepción y de emergencia económica está “desaplicando” la Constitución Nacional. “El gobierno viola, transgrede y trata de desconocer este poder porque no lo puede controlar”, denunció durante el debate sobre el decreto.
El Parlamento también aprobó “instar a la ONU, OEA, Mercosur y Unasur para que contribuyan, junto a esta Asamblea y al pueblo de Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la democracia y el Estado de derecho que está siendo llevado a cabo por el presidente de la República y las instituciones que están a su servicio”.
Ahora que la Asamblea rechazó el decreto, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser un apéndice del gobierno.
El viernes, Maduro renovó por segunda ocasión la norma de emergencia y le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó amplias facultades para gobernar en materia política, económica, social y ambiental.
El decreto, que fue publicado el lunes en la Gaceta Oficial, permite, entre otras acciones, “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”.
El decreto es una norma con la que Maduro pretende hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado que se fraguan desde EE.UU., según ha asegurado, con la ayuda de la oposición venezolana y el apoyo del expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Asimismo se instruye a la Cancillería venezolana la auditoría de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismos extranjeros para la ejecución de proyectos en el país “y ordenar la suspensión de los convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización”.
Entre las justificaciones, el texto indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero, la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” e impulsa la “interrupción del período” de Maduro, en alusión al referendo revocatorio en su contra.