CARACAS Luego de calificarla de criminal y anunciar que no la aprobaría, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que realizará una consulta pública para saber qué hacer con la Ley de Amnistía que aprobó esta semana el Parlamento y que permitiría la liberación de varios políticos opositores que se encuentran en prisión.
“Abro una consulta pública, en un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos (…) me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que pretenden imponer como un golpe de Estado”, dijo el mandatario durante un congreso de las filas chavistas.
El pasado martes y después de un largo y acalorado debate, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional con la que la mayoría opositora espera que puedan salir de la cárcel los considerados presos políticos.
Entre los políticos que guardan prisión se verían beneficiados con la Ley de Amnistía están Antonio Ledezma, alcalde de Caracas y los exalcaldes, Leopoldo López y Daniel Ceballos, así como otros detenidos por los desórdenes de 2014.
Un argumento que usa Maduro para rechazar la ley es que esta dejaría en libertad a quienes el gobierno considera como responsables de las 43 muertes que ocurrieron durante las protestas antigubernamentales de 2014 , incluyendo a Leopoldo López, líder del Partido Voluntad Popular, a quien el mandatario achaca buena parte de la responsabilidad de lo ocurrido en 2014, aunque sobre este no pesen acusaciones de homicidio.
Para el primer mandatario venezolano la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, a la que él se refiere como “la ley criminal”, es una norma “vergonzante y aberrante”.
Asimismo cuestionó el alcance de la consulta pública que realizaron los opositores sobre la elaboración de esas norma, en la que, aseguró Maduro, no fueron incluidas las familias de las víctimas de esas manifestaciones.
Los opositores defienden el contenido de la norma asegurando que esta no contempla el delito de homicidio, por lo que los responsables de aquellas muertes no estarían beneficiados.
Aunque Maduro no podría por sí solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento si el mandatario y la Cámara no llegaran a un acuerdo, el jefe de Estado aún puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que es inconstitucional.