BRASILIA. El Congreso brasileño dio ayer el primer paso hacia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución.
El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de una comisión especial de la Cámara baja, supone apenas el primero de los escalones del engorroso proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.
Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
Todo eso, según la parte acusadora, constituye “delitos de responsabilidad”, que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
El gobierno ha rechazado eso a rajatabla y tanto Rousseff como sus seguidores han repetido a los cuatro vientos que se pretende un “golpe de Estado”.
Sin embargo, el propio instructor insistió hoy en que “un proceso de ‘impeachment’ no es un golpe de Estado”, pues es realizado por el Parlamento, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y ratificadas en diciembre pasado por el Tribunal Supremo.
De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin reflejarlas en los balances fiscales sí constituyen un “delito de responsabilidad”.
Agregó, “tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a diversos principios de la Constitución”, entre los que citó el control parlamentario de las cuentas públicas, la responsabilidad con el equilibrio fiscal y el buen uso de los recursos públicos.
Tras la presentación de Arantes, los 65 miembros de la comisión tendrán otras 2 sesiones para debates y el próximo lunes, según el calendario establecido, deberán votar el informe.
Si la comisión respalda por mayoría simple el informe, tomará la palabra el pleno de la Cámara de Diputados, en el que la oposición necesitará de una mayoría calificada de 342 votos, sobre un total de 513, para aprobarlo.
En caso de que reciba el visto bueno de los diputados, el informe seguirá al Senado, cuyos miembros decidirán por mayoría simple si se debe iniciar un juicio político en esa cámara legislativa.
Si la iniciativa de la oposición es aprobada también en esa instancia, Rousseff deberá dejar el cargo por un plazo de 180 días, que será el tiempo que el Senado tendrá para culminar el proceso.