GINEBRA. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mostró hoy "sorprendido" y "decepcionado" por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de declarar inconstitucional la ley de amnistía aprobada en el Parlamento de ese país.
"Estamos muy, muy decepcionados por la decisión del Tribunal Supremo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos", explicó la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani.
Esta ley de amnistía busca la liberación de los opositores encarcelados en Venezuela, entre ellos Leopoldo López, condenado a casi 14 años por la violencia desatada durante una protesta en febrero de 2014.
"Estamos muy sorprendidos con la decisión de ayer, y esperemos que no sea el final del camino porque realmente, esta ley podía haber sido la base para el diálogo y la reconciliación en Venezuela", aseveró la portavoz.
La decisión del máximo tribunal fue publicada cuatro días después de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, pidiera a la Sala Constitucional una interpretación de la norma, sobre la que el mandatario aseguró que "jamás" sería aprobada.
Consultada la portavoz respecto a la independencia del poder judicial en el país sudamericano, respondió que varias entidades de la ONU han mostrado su preocupación al respecto.
"Nosotros y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU hemos mostrado nuestra preocupación respecto a la independencia del estamento judicial venezolano en reiteradas ocasiones. El año pasado el Comité de Derechos Humanos destacó la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial para garantizar su independencia del Gobierno y de cualquier grupo político".
Shamdasani explicó que el Alto Comisionado aún está estudiando en detalle la decisión del alto tribunal pero ya advirtió que para la entidad es "preocupante" el hecho de que se ha declarado "el texto en su integridad" anticonstitucional.
La portavoz insistió en que para el Alto Comisionado, la ley cumplía con todos los requisitos de los estándares internacionales, y volvió a recordar al Gobierno y a todas las entidades del Estado que deben "asegurar" el respeto de los derechos y libertades "de todos los venezolanos", incluidos los defensores de los derechos humanos.
"Para nosotros fue un movimiento enorme hacia el diálogo y la reconciliación. Estamos muy decepcionados de lo que pasó", reiteró.
Asimismo, Shamdasani dijo que el Alto Comisionado reitera su llamamiento al Gobierno y a la oposición para que abran nuevos caminos para poder restablecer el diálogo que lleve acuerdos "que son necesarios para enfrentar los graves desafíos políticos y sociales de la población".
Desde la entrada en funciones en enero pasado de la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, el Tribunal Supremo ha emitido al menos cuatro resoluciones que han afectado importantes decisiones del Parlamento.
Entre estas se incluye la reforma a la Ley del Banco Central, el rechazo a la Ley de Emergencia Económica presentada por el Gobierno, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, así como otra sentencia que redujo sensiblemente la capacidad del Legislativo venezolano de controlar al resto de poderes públicos.
La jugada chavista
El pasado 23 de diciembre, el Parlamento de Venezuela, que aún estaba dominado por el oficialismo, nombró y juramentó a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un turbulento cierre de sesiones antes de que la oposición tomara el control legislativo el 5 de enero.
En esa ocasión, el Parlamento también nombró como Defensora Pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a casi 14 años de cárcel al opositor radical Leopoldo López, y el martes reformó una ley para proteger esa designación al dejar al TSJ la factultad de removerla.
El TSJ es clave porque debe dirimir las disputas (como la Ley de Amnistía) entre el régimen socialista de Maduro y la opositora.