La decisión de una comisión parlamentaria de proseguir el trámite para un juicio político contra Dilma Rousseff la convierte en el tercer gobernante de Brasil que llega a esa instancia, aunque con más similitudes con el caso del destituido Fernando Collor que con Getulio Vargas, que fue absuelto.
Mientras que Vargas consiguió frenar el proceso de destitución en el plenario de la Cámara de Diputados en 1954 gracias al respaldo popular y parlamentario con el que contaba, el juicio contra Collor, cuya popularidad estaba en el piso y enfrentaba una mayoría opositora, así como ahora Rousseff, llegó hasta el Senado.
El "impeachment" (juicio político con fines destituyentes) es un instrumento presente en las constituciones brasileñas desde 1891 y se ha convertido en amenaza para varios jefes de Estado, pero su inicio tan solo ha sido autorizado para Vargas, Collor y Rousseff.
El caso de Rousseff solo está en su inicio. Tras la decisión de la comisión de darle continuidad al juicio por considerar que existen elementos jurídicos que lo validan, el caso fue remitido al pleno de la Cámara Baja, que tiene previsto votar sobre el asunto a partir del próximo viernes.
Si la Cámara Baja respalda por mayoría calificada (342 votos de 513 posibles) la apertura del proceso, el caso seguirá rumbo al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político en sí.
Por 38 - Por 38 a 27, Câmara vota por continuidade de impeachment de Dilma Roussef. pic.twitter.com/5sScQB3OBa via @NosTrendsBrasil
— Ismenia Cordova (@ismerco) 12 de abril de 2016
De llegarse a ese extremo, Rousseff tendría que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para realizar el juicio y en el que sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer.
La comisión concluyó que existen indicios de que la jefe de Estado practicó actos que pueden ser enmarcados en dos de los "crímenes de responsabilidad" previstos en la Constitución para su destitución: la contratación de créditos suplementarios por decreto presidencial y la contratación ilegal de operaciones de crédito.
De acuerdo con la comisión, las maniobras mediante las cuales el Gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin que los mismos apareciesen en los balances fiscales constituyen "crímenes de responsabilidad".