PANAMÁ. En Panamá “la evasión fiscal no constituye delito”, aclaró ayer la fiscal general del país, Kenia Porcell, al precisar que con el allanamiento, que terminó ayer, a las oficinas del bufete panameño Mossack Fonseca se busca verificar “la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud”.
Porcell reiteró la disposición de la Fiscalía de “brindar toda la colaboración” a los distintos países por el caso conocido como “papeles de Panamá”, y que así se lo ha hecho saber a sus colegas Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, aunque señaló que aún no ha recibido ningún requerimiento oficial.
El Ministerio Público de Panamá “va a brindar toda la colaboración que se requiera para aclarar este hecho y determinar si hay o no delito y, sobre todo, que esto va a contribuir a limpiar la imagen del país”, dijo Porcell.
La fiscal general se refirió al allanamiento de las oficinas de Mossack Fonseca a raíz del escándalo por la filtración masiva de sus documentos, y cómo los medios del todo el mundo “hablan de evasión fiscal y de blanqueo de capitales” como los delitos supuestamente vinculados.
“Aclarando: en Panamá la evasión fiscal no constituye delito, no es de jurisdicción penal. Lo que se está verificando” con el allanamiento “es la posible utilización de la empresa para algún tipo de ilicitud y estamos en las verificaciones dentro de las investigaciones penales”, dijo Porcell sin más precisiones.
La nueva Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada de Panamá finalizó ayer un allanamiento a las oficinas del bufete de abogados, sin conseguir evidencias “contundentes” de delitos relacionados al escándalo de los papeles de Panamá.
El fiscal Javier Caraballo, titular de la fiscalía, dijo que la abundante información recolectada de más de 100 servidores de la firma, especializada en gestión de patrimonios, fue asegurada para su revisión en las 27 horas que duró el allanamiento.
Descartó medidas cautelares o secuestro de bienes tras la diligencia, que inició el martes y se enfocó en recolectar toda la información de la empresa para que pueda ser revisada por el Ministerio Público, aclaró el fiscal.
“No tenemos elementos contundentes que nos permitan tomar algún tipo de decisión (...) La mayoría de los archivos de la compañía son virtuales, casi no tienen archivos físicos”, explicó.
“Estamos hablando de una cantidad importante de información que necesita ser analizada para poder llegar a algún tipo de conclusión”, indicó el fiscal sobre la documentación de Mossack Fonseca, contenida en 100 servidores virtuales y en “otra gran cantidad de servidores físicos”.
La filtración de millones de documentos de Mosscak Fonseca que han dejado al descubierto empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo y abierto sospechas sobre lavado de activos y evasión fiscal.
El escándalo ha arrastrado a Panamá, que afronta una “crisis” por los “mal llamados papeles de Panamá”, admitió el martes el presidente panameño, Juan carlos Varela, tras reiterar que su país no es un paraíso fiscal y pedir a Francia que “reconsidere” su decisión “equivocada” de clasificarle así a raíz del escándalo.
Fonseca aseguró ayer en un comunicado que está “ávido y dispuesto” a colaborar con la Fiscalía de Panamá y que “en este caso, su sistema informático “fue infringido ilegalmente por personal externo a la empresa”.