BRASILIA. La Cámara de Diputados de Brasil confirmó ayer que celebrará tres sesiones extraordinarias, entre los próximos viernes y domingo, para decidir si el trámite para un juicio político contra la presidente Dilma Rousseff llega al Senado.
El pleno de la Cámara baja deberá votar un informe ya aprobado el lunes en una comisión que concluye que existen fundamentos jurídicos para iniciar un proceso con miras a la destitución de Rousseff por unas maniobras fiscales irregulares.
En caso de que el pleno de los diputados respalde el dictamen de esa comisión, el caso pasará a manos del Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si efectivamente se abre el juicio contra Rousseff, quien en ese extremo sería separada del cargo durante los 180 días que durará el proceso.
Según precisó ayer la Cámara Baja, en la sesión del viernes serán escuchados en el pleno los abogados responsables de la denuncia y también la defensa de la mandataria, hasta ahora ejercida por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo.
Escuchadas esas declaraciones, los 28 partidos representados en la Cámara de Diputados dispondrán de 1 hora cada uno para exponer sus posiciones a través de los jefes de cada grupo, lo que será realizado entre el viernes y el sábado.
El domingo estará dedicado a la propia votación, que según se informó este martes será oral, lo que supondrá que cada uno de los 513 diputados deberá acercarse al micrófono del pleno para declarar si apoya o rechaza el juicio político contra Rousseff.
El proceso sólo llegará al Senado en caso de que sea respaldado por una mayoría calificada de 342 votos, que representan dos tercios de los escaños.
Tanto la oposición, favorable al proceso, como el oficialismo, que tilda esa iniciativa de “golpe”, han convocado manifestaciones para el fin de semana, a fin de presionar a los parlamentarios desde las calles.
Frente a la posibilidad de que el fin de semana se concentren ante el Congreso miles de manifestantes, las autoridades han instalado enormes vallas en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra a todo el poder público en Brasilia.
Las vallas tienen dos metros de alto, un kilómetro de longitud y pretenden separar a los adversarios y defensores de Rousseff, que ocuparán lados distintos a lo largo de esas cercas de seguridad.
Mientras, ayer la Policía Federal detuvo al exsenador Gim Argello, un hombre de negocios y político cercano a Rousseff, en el marco de una nueva fase de las investigaciones sobre las corruptelas en la estatal Petrobras.
Argello fue detenido en su residencia de Brasilia, al tiempo que agentes de la Policía Federal realizaban otras operaciones en Río de Janeiro y Sao Paulo, entre otras ciudades.
Según fuentes policiales citadas por medios locales, la detención de Argello se debería a sospechas de que, hace unos dos años, cuando aún ocupaba un escaño en el Senado, aceptó millonarios sobornos para obstaculizar el trabajo de una comisión parlamentaria que debía investigar las corruptelas en Petrobras.