BRASILIA. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, parecía ayer estar al borde de perder su cargo luego de una votación en el congreso para someterla a juicio político y debido a que hay señales que apuntan a que tiene poco respaldo en el Senado, que decidirá si se le destituye en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país.
Aún así, Rousseff dijo ayer que no renunciará. “Tengo la energía, la fuerza y el coraje para enfrentar esta injusticia”, manifestó.
Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales al utilizar trucos contables para mantener el gasto del gobierno. Señalando que no se la acusa de ningún delito, insiste en que la impugnación es un “golpe”.
La votación de 367-137 en la cámara baja a favor del juicio político envió el tema al Senado, en donde 45 de los 81 senadores han dicho que votarán para que continúe el proceso, según reportes locales.
Si el Senado vota a favor del proceso, Rousseff tendría que separarse del cargo durante 180 días y sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, que afronta también una amenaza de juicio político.
Bajo los complicados lineamientos del proceso de juicio político, podría tomar poco más de 10 días antes de que se emita un voto y al menos 40 días antes de que se decida el futuro de Rousseff. Sin embargo, la velocidad del proceso también depende de la voluntad política del líder del Senado, Renán Calheiros, quien podría alargar durante meses un eventual juicio y una votación final.
Según consigna el diario brasileño O Globo, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil -que el pasado jueves rechazó la solicitud de suspender el proceso de juicio político contra la Presidente-, allanó, sin embargo, el camino para que el Gobierno impugne la acusación de crimen de responsabilidad en la que se fundamenta el proceso de destitución.
Esto se debería a que el presidente Supremo, Ricardo Lewandowski, señaló: “No cerramos la puerta a una posible impugnación en cuanto a la definición de los hechos imputados a la señora presidente, en el momento adecuado”.
Otra parte de la estrategia del gobierno consistirá en buscar apoyo entre los senadores de mayor influencia. En primer lugar, el presidente Renan Calheiros (PMDB-AL), aliado del Ejecutivo, aunque los propios senadores de su partido harán fuerza para que empiece pronto el juicio político.
La votación en la cámara baja empeoró la confusión respecto al panorama político en Brasil, que también lidia con su peor recesión en décadas y con un gran escándalo de corrupción mientras se prepara a albergar los Juegos Olímpicos en agosto.
La votación del domingo se produjo 24 años después de que la cámara baja abriera los procedimientos de impugnación en 1992 contra Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido democráticamente en Brasil tras más de dos décadas de gobierno militar. Collor afrontaba acusaciones de corrupción y terminó renunciando antes de que el proceso de juicio político concluyera en el Senado.
Otros salpicados
Temer, el vicepresidente, se ha visto implicado en el enorme entramado de corrupción centrado en la petrolera estatal Petrobras. Además, también podría afrontar su propio juicio político porque firmó algunas de las maniobras fiscales por las que se persigue a Rousseff.
El segundo en la línea de sucesión, el presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha, ha sido acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos en la red corrupta de Petrobras.
Cunha fue la fuerza impulsora del juicio político, una ironía que no se ha escapado al bando del gobierno.
Los legisladores y otros altos políticos brasileños gozan de protecciones legales especiales que impiden llevarlos a juicio. Casi el 60% de los casi 600 legisladores del país enfrentan acusaciones de corrupción y otros graves cargos.