WASHINGTON. La Organización de Estados Americanos (OEA) está a la espera de que la oposición venezolana presente la solicitud para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, algo que solo se hizo en el golpe de Estado en Honduras, de 2009.
Esa solicitud podría llegar la próxima semana y se espera que el secretario general del organismo, Luis Almagro, la presente a debate en el Consejo Permanente, según varias fuentes diplomáticas consultadas por Efe.
La Carta Democrática, aprobada en 2001, contempla varios supuestos, pero en este caso el artículo aplicable sería el 20, que autoriza al secretario general o a un Estado miembro a pedir la convocatoria del Consejo Permanente en caso de que en otro Estado haya “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Ese es el debate de fondo que abordaría el Consejo, determinar si en Venezuela se ha producido esa “alteración del orden constitucional”, aunque en la práctica serían los equilibrios políticos de cada país -y no el componente jurídico- los que decantarían la votación.
“Venezuela ha contravenido principios básicos establecidos en la Carta Democrática, como por ejemplo, que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen ‘la separación e independencia de los poderes públicos’”, considera José Miguel Vivanco, director para América de la ONG Human Rights Watch.
“La absoluta falta de independencia judicial ha contribuido a que las autoridades cometan impunemente todo tipo de abusos y ha permitido que el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones limitara las facultades de la actual Asamblea Nacional”, agrega Vivanco.
A partir de ese debate en el Consejo se abre un largo proceso cuya última consecuencia es la suspensión del Estado de la OEA, como ocurrió con Honduras, un escenario al que no creen que se llegue ninguna de las fuentes externas e internas consultadas.
En ese Consejo Permanente, donde están los embajadores de los 34 países miembros, se necesita una mayoría simple para iniciar gestiones diplomáticas con el fin de tratar de solucionar la situación por esa vía. Si esas negociaciones fracasan, se convocaría una Asamblea General extraordinaria, con los cancilleres de los Estados, en la que se necesitarían dos tercios de los votos para aprobar la suspensión del Estado de la OEA.
“Existe poco apetito” en el continente para llegar a este escenario, explica Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano.
“Aunque la mayoría de los Gobiernos están preocupados por el deterioro de las condiciones en Venezuela y las frecuentes violaciones del Estado de derecho, los Estados temen que, en otro momento y contexto, la OEA intente actuar del mismo modo hacia ellos”, añade.
El mismo consenso que existe sobre que no se llegará al escenario extremo de la suspensión, se da también sobre que Almagro llevará al Consejo Permanente la eventual solicitud de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, donde la oposición tiene la mayoría desde enero.
“Almagro ha sido muy activo sobre Venezuela. Si no terminara presentándolo al Consejo sería un síntoma de debilidad. No presentarlo a estas alturas sería un retroceso en ese sentido, así que es bastante probable que lo haga”, declara Michael McCarthy, consultor y experto en Venezuela del centro de estudios Wilson Center.
El secretario general de la OEA tiene un estilo muy diferente a varios sus antecesores y no duda en opinar abiertamente sobre los temas más polémicos del continente en medios, en cartas abiertas o en su cuenta de Twitter.