GUATEMALA. La Fiscalía pidió ayer procesar al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otras 10 personas por la corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo al juez que “existen suficiente motivos racionales” de la participación de las 12 personas en la negociación del contrato de usufructo otorgado a la TCQ en 2012.
“En la etapa procesal que nos encontramos no es solo una sospecha, si no que hay motivos de racionalidad de la posible comisión de hechos delictivos”, manifestó Sandoval durante las casi dos horas de exposición de argumentos para pedir que se proceso a Pérez Molina, a Baldetti y al director general de la Terminal de Contenedores Quetzal, el español Juan José Suárez.
“Se han aportado elementos racionales de convicción y solicito auto de procesamiento”, enfatizó.
El fiscal enumeró cada uno de los delitos que habrían cometido los implicados en esta trama de corrupción, basado en la declaración de prueba anticipada de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y la de otros tres testigos: asociación ilícita, fraude, lavado de dinero, cohecho pasivo y activo, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito.
Sandoval dijo que está dispuesto a citar al Juzgado B de Mayor Riesgo a Monzón para que amplíe su declaración debido a las dudas que han expresado los imputados sobre su testimonio.
Añadió que la red se aprovechó de la “debilidad del sistema” para obtener una ganancia y lavar dinero de las actividades ilegales en las que incurrieron con el contrato de usufructo a TCQ.
El fiscal aseguró que quienes participaron en la negociación “obviaron la Ley de Contrataciones del Estado”, la cual establece que no se puede dar en concesión ni en usufructo propiedades de empresas descentralizadas que generan utilidades al Estado.
“El Ministerio Público considera que el contrato es fraudulento”, sostuvo, al señalar que Pérez Molina, Baldetti, y el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, entre otros, “aceptaron la promesa de que se les iba a dar dinero” por otorgar el contrato.
Aseguró que la FECI pudo documentar que, efectivamente, recibieron esos pagos y la forma de distribución.