CARACAS. El Parlamento venezolano -de mayoría opositora- pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) mediar en la crisis institucional agravada por un fallo que redujo sus poderes, una apuesta compleja pues el régimen chavista acusa al titular del organismo regional, Luis Almagro, de respaldar maniobras “golpistas” opositoras.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó solicitar que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para que la OEA intervenga en el choque de poderes, que se registra desde hace dos meses cuando esa coalición asumió el control de la Asamblea Nacional, luego de elecciones legislativas.
En su exhorto, el bloque opositor adujo que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que anuló facultades de control legislativo, ha generado una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente la democracia”.
Por ello, instó al secretario general del organismo regional a “hacer uso de las atribuciones que le otorga” la Carta Interamericana, un instrumento creado para evitar quiebres institucionales en los países que integran la OEA.
“Es una movida inteligente de la oposición y, sobre todo, hacerlo desde el Parlamento”, declaró la internacionalista Elsa Cardozo.
Acusado por la oposición de ser el “bufete jurídico” del régimen, el TSJ emitió el martes un polémico fallo que limitó el control parlamentario al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y de los militares.
La sentencia -que el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, consideró inválida y no vinculante- frenó los intentos de la oposición para reformar la corte.
También impidió anular el nombramiento de 34 magistrados por parte de la anterior cámara -de mayoría chavista- poco antes de finalizar su período en diciembre pasado.
El artículo 20 de la Convención prevé la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para valorar posibles afectaciones graves del “orden democrático” en un país miembro.
Si esas acciones resultan infructuosas, y dependiendo de la urgencia del caso, la Asamblea General podría emprender nuevas gestiones para “promover la normalización de la institucionalidad”, añade el artículo.
El pedido a la OEA se realizó el mismo día que la MUD decidió que recurrirá de forma simultánea a la vía de la enmienda constitucional, el referendo revocatorio y la renuncia para adelantar el cese del mandato de Nicolás Maduro.
La decisión de impulsar de forma simultánea las tres opciones fue ratificada ayer por el secretario ejecutivo la coalición, Jesús Torrealba, que dijo en un programa de una radio local que promoverán de inmediato una “campaña nacional exigiendo la renuncia” de Maduro, la opción del referendo revocatorio y la enmienda constitucional.
Torrealba precisó que si el oficialismo intenta obstruir estos mecanismos constitucionales, la coalición opositora llamará a una Asamblea Nacional Constituyente.
Explicó que el referendo revocatorio de mandato ya puede activarse debido a que Maduro ya alcanza este año la mitad de su período de seis años, y solo se requiere la recolección de casi 4 millones de firmas, proceso que sostuvo que ya “está encaminado” pero no ofreció más detalles.
En relación al proceso de la enmienda del texto constitucional, señaló que la mayoría simple del Congreso puede pedir al Consejo Nacional Electoral la activación de ese proceso.
Sobre las reformas que esperan impulsar por la vía de la enmienda, dijo se buscará recortar el mandato presidencial de 6 a 4 años, eliminar la reelección indefinida, y llevar el período de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de doce a seis años.
Obama prorroga por un año “emergencia nacional” sobre Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió ayer una orden de continuidad de un año de la “emergencia nacional” declarada en 2015 sobre Venezuela, donde, según indicó, “la situación no ha mejorado” y “el gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos”.
De acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca emitido hace un año, Obama estableció sanciones contra 7 funcionarios chavistas. Entre las medidas está el congelamiento de activos en EE.UU. y la prohibición de entrar al país. La Casa Blanca aclaró que estas sanciones no son para atacar al pueblo de Venezuela o la economía del país.
Para la prórroga de la orden, el mandatario argumentó ayer que Venezuela sigue sufriendo “la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos”.
Asimismo, Obama indicó que el país sigue presenciando actos represivos en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, detenciones arbitrarias de opositores y manifestantes, además de corrupción gubernamental.
En la orden que se extendió ayer, Obama determinó que la situación en Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.”, por lo que declaró “una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza”.
La declaración es una herramienta con la que cuenta el presidente de los EE.UU. para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
La orden ejecutiva también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas”, o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca.