La Fiscalía brasileña dice que tiene indicios “bastante significativos” que vinculan al expresidente de dicho país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la investigación abierta por corrupción, en el caso por desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
Carlos Fernando dos Santos Lima, fiscal de Curitiba encargado del proceso, afirmó que el conjunto de indicios es bastante significativo, pero que muchos de ellos aparecieron públicamente antes de que hicieran una investigación profunda.
“Tenemos conferencias (de Lula) en el exterior (financiadas por empresas implicadas en desvíos de Petrobras), indicios de obras en el exterior en el que podría haber tráfico de influencia, todo bajo investigación”, insistió el fiscal.
La Policía Federal realizó ayer un amplio operativo en varias ciudades, con allanamientos en diversas residencias de la familia del exmandatario, quien fue detenido y trasladado a una comisaría para declarar por delitos de supuesta corrupción, como “ocultación de patrimonio” y “lavado de dinero”.
Según Dos Santos Lima, el Instituto Lula, presidido por el expresidente brasileño, recibió cerca de 20 millones de reales (aproximadamente $5 millones) en donaciones de las cinco empresas más implicadas en los desvíos en Petrobras.
Agregó que el ex jefe de Estado recibió de esas mismas cinco empresas cerca de 10 millones de reales (unos $2,5 millones) como pago por conferencias que dictó tanto en Brasil como en el exterior.
De acuerdo con las cuentas de la Fiscalía, del total de recursos recibidos por el Instituto Lula en los últimos años, un 60% provino de las cinco empresas más implicadas en la presunta corrupción de Petrobras, que también habría sido responsable por el 47% de los recursos que el exgobernante recibió por dar conferencias desde que fue sucedido en el poder por Dilma Rousseff en 2011.
“Es claro que donaciones pueden ser hechas por diversos motivos, pero tenemos que investigar si eso tiene alguna relación con los desvíos de Petrobras”, afirmó.
Capturan a Lula para interrogarlo
Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue detenido ayer por la mañana y tras ser interrogado por cuatro horas quedó en libertad.
Asimismo, allanó varias casas y otras propiedades vinculadas a él y su familia.
La policía se presentó el pasado viernes en el domicilio de Silva, en las afueras de Sao Paulo; en la sede de su Instituto Lula, una organización sin ánimo de lucro; y otras propiedades, dijo la policía en rueda de prensa en la ciudad sureña de Curitiba, donde está radicada la investigación de Petrobras.
Amparados en una orden que obligaba a Silva a responder una serie de preguntas, el ex presidente fue conducido a la sede de la policía federal en el aeropuerto paulista de Congonhas.
Lula da Silva se mostró indignado y atribuyó a una “cacería de brujas” el caso de corrupción de Petrobras, en contra de él y del Partido de los Trabajadores.
El fiscal Dos Santos Lima añadió que la operación de ayer buscaba establecer si Lula y su familia recibieron ventajas indebidas a cambio de eventuales medidas de su Gobierno. “Esa es la hipótesis que estamos investigando. Existen evidencias de que hubo pago de ventajas”, afirmó.
Aseguró que entre esas posibles ventajas investigadas figuran las obras y reformas hechas por empresas como Odebrecht y OAS en un apartamento en la playa y en una casa de campo que están a nombre de otras personas pero que las autoridades investigan si pertenecen al exmandatario.
Explicó que las obras en el apartamento de playa en Guarujá, que sería propiedad del exmandatario, tuvieron un costo de 700.000 reales ($175 mil).
“Los favores son muchos y difíciles de cuantificar. Es más fácil cuantificar las obras en el apartamento y en la casa de campo. Otros favores están siendo investigados”, dijo.
De acuerdo con el fiscal, pese a que el foco de la operación es el expresidente, el Instituto Lula y la empresa que abrió para ofrecer conferencias, la investigación también se extendió a los hijos del exmandatario.
“Hay indicios de que valores del Instituto Lula beneficiaron empresas de los hijos. Como no vemos ninguna motivación económica para esa contratación, estamos investigando si esos valores corresponden a servicios prestados o no”, afirmó al referirse a un contrato por cerca de un millón de reales ($250 mil).
Sobre la orden para que Lula fuese conducido a una comisaría para ser sometido a interrogatorio, el fiscal aclaró que fue expedida por motivos de seguridad.
“Las órdenes fueron expedidas mucho más por seguridad porque sabemos de la polarización que existe en el país. Quisimos evitar manifestaciones en caso de que determinásemos una fecha para el interrogatorio”, aseveró al referirse a las enfrentamientos suscitados ayer entre partidarios de Lula y de la oposición.
El comisario de la Policía Federal, Igor Romario de Paula, responsable del operativo, admitió que, pese al sigilo, la información sobre la operación se filtró y algunos grupos intentaron organizar manifestaciones para torpedearla.
“Vimos una movilización de personas vinculadas a la familia (de Lula) y al Partido de los Trabajadores con la intención de movilizar personas para intentar perjudicar la operación”, dijo de Paula.