CARACAS. Veintisiete expresidentes iberoamericanos alertan de la “deriva antidemocrática” en Venezuela, que según ellos podría “comprometer la paz y la estabilidad”, y han pedido la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Alertamos a la opinión pública de nuestros países sobre la deriva antidemocrática que tiene lugar en Venezuela, en medio de una grave crisis social y humanitaria, susceptible de comprometer la paz y estabilidad de sus instituciones”, dijeron en una declaración difundida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
Los firmantes hicieron un llamado “a la comunidad internacional, a los distintos gobiernos y a las instituciones multilaterales concernidas, a fin de que cooperen para que cesen las graves alteraciones que sufre el orden democrático y constitucional en Venezuela”.
En concreto, instaron a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro, a “adoptar con carácter de urgencia las iniciativas que juzgue pertinentes dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana”.
Los exdirigentes basaron su denuncia en que desde que se eligió la nueva Asamblea Nacional, el 6 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro “ha impedido su normal funcionamiento, enervando sus tareas constitucionales de control, legislación y deliberación, y desplegando, incluso, acciones de violencia dirigidas a frustrar el contrapeso democrático que significan frente al resto de poderes absolutos”.
A este respecto, recordaron que poco antes de que expirara el mandato del antiguo Parlamento, los diputados chavistas eligieron a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre los que hay “militantes de primera línea del partido de Gobierno”.
“Bajo su nueva composición”, el TSJ ha adoptado decisiones “con el propósito de alterar la mayoría calificada opositora” y “cercenar las competencias constitucionales de control y legislación que le corresponden a la Asamblea Nacional”, dando lugar a “un régimen de excepción constitucional”.
El TSJ chavista ha limitado el poder del Congreso para revisar el proceso de designación de los nuevos magistrados, algo que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) - la coalición opositora- ha calificado de “golpe” desde el Poder Judicial.