WASHINGTON. La central sindical más grande de EE.UU., AFL-CIO, presentó ayer un documento ante el Tribunal Supremo para pedirle que levante la suspensión temporal de las medidas migratorias del presidente Barack Obama y poder regularizar a millones de indocumentados en todo el país.
El sindicato presentó un escrito de “amicus curiae” (amigo de la corte), al que tuvo acceso Efe, ante el máximo órgano judicial de EE.UU. para denunciar que la suspensión temporal de la ley está “impidiendo que millones de trabajadores inmigrantes ganen dignidad en sus vidas y seguridad en su trabajo”, dijo el presidente de la organización, Richard Trumka, en un comunicado.
“En un momento en que los trabajadores inmigrantes se enfrentan a feos y peligrosos ataques de políticos intolerantes, el movimiento de los trabajadores rechaza los descarados intentos de dividirnos”, afirmó Trumka, refiriéndose a las polémicas declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos del aspirante presidencial republicano Donald Trump.
El presidente de AFL-CIO prometió que el sindicato seguirá unido a sus “hermanos y hermanas inmigrantes en su lucha en el Congreso, las cortes y las calles para demandar igualdad de derechos y protecciones para todas las personas trabajadoras”.
El Supremo podría dictar sentencia en junio, al pronunciarse sobre múltiples aspectos de la acción diferida (Daca), con la que se pretende evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños, así como sobre la versión destinada a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o permiso de residencia (Dapa).
Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados priorizando “la deportación de criminales, y no la de las familias”, según la Casa Blanca.
Ante esta situación, la oposición republicana llevó las acciones migratorias del presidente ante los tribunales, y tras casi un año de litigios, es el turno de la más alta instancia judicial dirimir o no sobre el asunto.
Cada año, el Tribunal Supremo recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.
El debate en el alto tribunal despertaría una batalla política entre demócratas y republicanos, que han convertido la inmigración en un tema de campaña y que en junio, cuando se pronunciaría el Supremo, estarían a pocas semanas de celebrar sus convenciones nacionales para elegir a los candidatos presidenciales.
El amicus curiae se refiere a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, en este caso, el sindicato AFL-CIO, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
Habitualmente se presentan amicus curiae en juicios en los que está en juego alguna libertad o derecho fundamental, debido al interés general que provocan en la sociedad este tipo de causas. Es decir, se acostumbran a realizar en litigios en que el asunto controvertido involucra directa o indirectamente a los derechos humanos y, que por tanto, puede incidir o afectar la vigencia o extensión de algún derecho fundamental.