BRASIL. La Fiscalía de Sao Paulo ha pedido prisión preventiva para el ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el proceso que se investiga la ocultación de un tríplex de lujo que supuestamente posee en Guarujá, litoral de Sao Paulo.
Le acusan por blanqueo de capitales y ocultar su patrimonio, supuestamente, haber recibido el tríplex como pago de la trama corrupta de Petrobras.
La Fiscalía acusa tanto a Lula como a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas, el cual está a nombre de la constructora OAS -implicada también en el escándalo de Petrobras- y cuya propiedad ha sido negada por Lula en reiteradas ocasiones.
Los fiscales alegan en la denuncia que presentaron ante la Justicia, y que fue filtrada el miércoles a los medios, que es “imprescindible” ordenar la prisión de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.
Según los fiscales, el arresto de Lula se hace necesario debido a que “es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple”.
Los fiscales agregan en la denuncia que los seguidores del exmandatario pueden promover “maniobras violentas” y presentarlo como “un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho”.
Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras 15 personas, fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo.
La jueza María Priscilla Oliveira Ernandes Veiga decidirá, aún sin fecha predeterminada, si lo mandará o no preso y si recibirá o no la denuncia. Estos crímenes pueden llevar a Lula de 4 a 10 años de prisión.
La denuncia contra el exgobernante se enmarca en una investigación empezada hace “cinco o seis años” para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.
La Fiscalía considera que Lula es el verdadero propietario, lo cual supondría que incurrió en un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio y en otro de falsedad ideológica.
El apartamento es también objeto de las investigaciones del juez Sergio Moro, que comanda la operación Lava Jato, y de su conducción forzosa a declarar ante la policía el pasado viernes.
La Fiscalía de Sao Paulo también implica a la mujer de Lula y a uno de los hijos del matrimonio, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, en lavado de dinero. Lula niega los cargos y afirma que sufre una “persecución política”.
Otras 12 personas han sido denunciadas por la Fiscalía, como el ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, y el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto.