CARACAS. La condena a cuatro años de prisión del director del diario Correo del Caroní y el cese de la circulación impresa del diario El Carabobeño son considerados golpes a la libertad de expresión en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El director del Correo del Caroní, David Natera Febres, fue condenado a 4 años de prisión con prohibición de salida. La decisión judicial se tomó luego de que Natera Febres enfrentara un proceso judicial que tuvo como raíz la cobertura que hizo el medio de comunicación en 2013, sobre las denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco.
La condena a Correo del Caroní incluye una multa de 1.137 unidades tributarias y prohibición de enajenar y gravar entre otras penas.
Luego de que se conociera el fallo, el jefe de redacción del Correo del Caroní, Oscar Murillo, expresó que esta sentencia fue “por ejercer su independencia editorial y contribuir con la transparencia”.
El propio periódico, en su página web, informó que la investigación periodística por el que se castiga al presidente editor de ese rotativo fue la que reveló la existencia de un proceso de extorsión emprendido por el coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Juan Carlos Álvarez Dionisi, a la alta gerencia de CVG Ferrominera y sus contratistas.
Según los testimonios recogidos en el expediente de la Dgcim, el militar extorsionó a directivos de la estatal ferrífera y empresarios de la región a cambio de no incluirlos en una supuesta investigación que emprendía Álvarez Dionisi, según la cual los extorsionados formarían parte de una llamada “mafia del hierro”. Y agrega que el oficial Dionisi fue apresado por estas denuncias.
Como resultado de las averiguaciones, cuenta el diario, el entonces presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, fue destituido del cargo en mayo 2013. Luego Sabbagh, tres gerentes de la empresa y el empresario Yamal Mustafá fueron detenidos e imputados.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la sentencia impuesta a Natera Febres y la consideró una “grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada en temas de interés público”.
La sentencia demuestra “el gran retroceso de Venezuela en materia de libertad de prensa, que todavía sigue enviando a periodistas a la cárcel”, afirmó la SIP.
El otro golpe a la libertad de expresión es el cierre de El Carabobeño a partir del próximo 17 de marzo, tras 82 años de publicación, debido a la falta de papel periódico.
“El Carabobeño, en su formato impreso, se despedirá a partir del 17 de marzo. La razón es única: No hay papel prensa. La empresa socialista que monopoliza la venta de este rubro vital para la circulación de los medios de comunicación, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, no le vende la materia prima desde hace un año”, afirmó el diario en un comunicado.
El periódico, con sede en la ciudad de Valencia, asegura que el Gobierno les niega desde el 2013 la adquisición de divisas para “concretar la importación de papel, proceso que desarrollaba el diario desde hace 40 años”.
En Venezuela rige desde 2003 un control estatal de cambio que impide la libre compraventa de divisas, administradas de manera exclusiva por el Estado.
Según la ONG Espacio Público, en Venezuela han salido de circulación 13 periódicos y otros 17 han reducido su extensión, limitando tanto los espacios de publicidad como la información por la dificultad para importar papel.