BRASILIA. El Tribunal Supremo de Brasil pidió ayer a la Policía y a la Fiscalía que investigue las “amenazas, coacciones y violencias” sufridas por algunos de sus magistrados y derivadas de las recientes decisiones tomadas por esta corte en el marco de la crisis que atraviesa el país.
El presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, expresó que las protestas contra jueces “exceden el mero inconformismo” de la población y tienen características delictivas que están penadas con “sanciones rigorosas”.
Un grupo de manifestantes protestó la semana pasada frente al domicilio del magistrado Teori Zavascki en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, después de que ese juez decidiera que el proceso abierto contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se juzgue en el Supremo.
Los manifestantes colocaron en la puerta del edificio del magistrado un letrero en el que se le llamaba “traidor”.
Lewandowski contactó a autoridades del área de seguridad para solicitar que este tipo de actos sean “cohibidos, reprimidos y prevenidos” y que se tomen medidas legales contra los “responsables directos e indirectos”.
Aseguró que los magistrados del Suprema “no se dejarán afectar” por este tipo de coacciones y continuarán desempeñando sus funciones “sin temor, con independencia e imparcialidad”.
Los jueces del Supremo deben decidir si se acepta o niega el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia en el Ejecutivo de Dilma Rousseff, que en este momento está en suspenso de forma cautelar por orden judicial. También son responsables de los procesos abiertos contra decenas de políticos aforados que son investigados en el marco del gran caso de corrupción que tiene en su eje a la petrolera Petrobras.