CARACAS. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó una Ley de Amnistía para otorgar libertad y cesar las causas judiciales que se le siguen a quienes consideran presos políticos, una norma que el gobernante Nicolás Maduro prometió que vetará.
La ley beneficiaría a opositores de alto perfil que están tras la rejas, algunos con condenas, otros con procedimientos abiertos, como Leopoldo López o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios de 2014, entre otros delitos.
El articulado será remitido al Ejecutivo para su firma, aunque las leyes venezolanas otorgan a la Asamblea Nacional mecanismos para promulgar leyes sin aval de la presidencia.
“Tengan la seguridad que esa ley por aquí, no pasa”, dijo Maduro horas antes de la aprobación en segunda discusión del pleno parlamentario. “Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán por aquí. Hagan lo que hagan”, agregó en un discurso televisado.
Maduro tiene 10 días para revisarla, promulgarla y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial.
El izquierdista alega, a la usanza de su predecesor Hugo Chávez, que en su país no hay presos políticos, sino políticos presos.
“(Con la ley) no queda amnistiado ningún homicida. Son nuestros presos políticos, ciudadanos imputados por el primer delitos que se les ocurra (...) Lo cual es una confesión de la utilización de la justicia con fines de persecución política. A eso queremos ponerle fin”, dijo la diputada opositora Delsa Solórzano, quien lideró la redacción del proyecto.
Por su parte Lilian Tintori, esposa del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se encuentra encarcelado en la penitenciaría de Ramo Verde, se mostró esperanzada por el paso que dio el Parlamento y aseguró que “faltan pocos días” para que su marido recupere la libertad.
La bancada de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) celebró la aprobación coreando “libertad”, mientras que los diputados del oficialista Partido Socialista Unido (PSUV) reprochaban “justicia” a gritos.
El régimen de Maduro podrá apelar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar la ley por inconstitucional, como lo ha hecho en varios conflictos recientes que han enfrentado a los dos poderes, y que han resultado favorables para el régimen socialista.
Otra vez, el TSJ
El obstáculo más grande que tiene esta ley -y cualquier otra que apruebe la Asamblea- es el TSJ, que no ha fallado una sentencia contra el gobierno chavista en los últimos 10 años.
Muchos de los magistrados del TSJ vienen de militar en el partido oficialista y fueron nombrados en diciembre por la mayoría chavista del Parlamento justo después de perder las elecciones en una polémica movida que muchos calificaron de inconstitucional.
Desde entonces el TSJ ha publicado varias sentencias que declaran inconstitucionales las medidas tomadas por la nueva Asamblea.
Incluso, pese a la opinión contraria del Consejo Nacional Electoral, el TSJ suspendió la juramentación de tres magistrados de la oposición por el estado de Amazonas, cuyas elecciones fueron impugnadas.
Y, con eso, el TSJ declaró que la oposición perdió los dos tercios de mayoría en la Asamblea con los que obtenía mucho más poder que con la mayoría calificada de tres quintos que tiene ahora.