Al momento de escribir esta columna, estaba por empezar la Cumbre de las Américas en Panamá. Si un extraterrestre haciendo contacto por primera vez aterrizara en Panamá en los momentos previos a la Cumbre, se llevaría una impresión de la (in)civilización humana como una especie poco articulada, incapaz del diálogo, poco racional e incapaz de convivir. Pena ajena.
Los días que antecedieron al inicio de la Cumbre han sido, cuanto menos, una representación de nuestra peor cara como latinoamericanos. No necesariamente por las protestas --derecho democrático que debe preservarse-- sino por la intolerancia absoluta demostrada por movimientos conectados a los gobiernos autoritarios de la región.
A su entrada al país, ya estos gobiernos habían ejercido su influencia para detener por horas, acosando e interrogando --a pesar de no haber cometido delito alguno-- a jóvenes activistas de la democracia, de visita en Panamá para ofrecer sus puntos de vista y dar continuidad a la abogacía constante que en la región hacen a favor del respeto a los derechos humanos.
Dos de estas jóvenes, la argentina Micaela Hierro y la cubana Rosa María Payá, pertenecientes a la Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia, desgraciadamente están ya acostumbradas a los acosos que solo por pedir democracia en Cuba, sufren cada vez que visitan foros en los que el autoritarismo se vierte, implacable, sobre cualquier voz que intente hacerle frente.
A Rosa María no le dejaron siquiera dar su discurso en una de las reuniones previas a la Cumbre. Bloquearon la zona con gritos y actos violentos, e impidieron la entrada a periodistas, incluso de aquellos cuyos medios se habían acreditado con tiempo. Cualquier cosa que rehúye a la transparencia que podrían proveer los medios es síntoma de intenciones contrarias a la democracia y derechos humanos que un foro como la Cumbre debería --en teoría-- promover.
Estos disturbios y acosos a activistas, simplemente porque tienen ideas contrarias a las de quienes ostentan el poder con mano de hierro en la región, comprueban la necesidad de su trabajo. Con esta necesidad concuerdan también 26 expresidentes de diferentes países de Latino América y España, pues con la "Declaración de Panamá" buscan que todos los gobernantes que asistan a la Cumbre se solidaricen con lo que han declarado una "alteración democrática" en Venezuela (interesante eufemismo que equivale a decirle "alteración de la salud" a un cáncer corrosivo, pero por algo se empieza) y exijan el cumplimiento de los derechos humanos para todos los venezolanos, y no solo para quienes gozan de las protecciones de la oligarquía gobernante.
El llamado ojalá resuene con los gobernantes de las Américas, para que dejen de confundir "pueblo" con "gobierno". Porque no es con el "pueblo" venezolano - -la suma de individuos, con derechos teóricamente inalienables-- que se solidarizan los dirigentes del gobierno salvadoreño cuando expresan sus simpatías y dejan sin condenar la cantidad de muertos producto de la violencia política que incita, permite y promueve el gobierno, o ignoran las suertes de los presos políticos sin debido proceso: no es con el pueblo, es con el gobierno.
Lo mismo cuando dicen solidarizarse con el "pueblo" cubano y no apoyan activamente los clamores de quienes, como Rosa María Payá, simplemente exigen lo que tomamos por sentado en varios países de la región: elecciones libres y democráticas. Un éxito de esta y otras cumbres sería, sin duda, que los gobiernos cómplices de abusos dejaran de confundir "pueblo" con gobierno.
*Lic. en Derecho con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg